► Contraloría no podrá cuestionar normas técnicas
► Ni se explica supervisión obligatoria de todas las obras de ingeniería
► Si no se corrige, habrá muy grandes robos y obras mal hechas o inservibles
El Congreso de la República ha aprobadoaeste 25 de abril un proyecto de ley para la reconstrucción, en respuesta a los graves y extensos daños ocurridos en diversas partes del Perú por las lluvias, inundaciones y avalanchas producto del Fenómeno del Niño.
En estas semanas trágicas todos los peruanos vimos puentes que se caían al primer impacto de las piedras de la correntada, defensas ribereñas frágiles, carreteras endebles, redes deficientes de agua y desagüe que fallaban o se atoraban fácilmente, etc., etc.
En el continente tercermundista en que vivimos y en particular en nuestro Perú salvajemente africanizado y administrado por ladrones y corruptos, conocemos desde hace milenios las fuerzas de la naturaleza y sabemos cómo se debe enfrentarlas, pero la verdad es que así como existe acá un servicio médico estatal infradeficiente que funciona así para empujar a la gente a buscar el expoliador y buitresco sector privado de la medicina, de modo semejante las empresas de ingeniería corruptas han descubierto que el mejor negocio es construir mal las obras públicas (puentes, canales, carreteras, etc.) porque así siempre hay trabajo para los ingenieros (reparaciones, reconstrucciones, rehacer totalmente lo mal hecho, etc.).
No se trata de que esos profesionales que trabajan mal sean incapaces (no falta un buen porcentaje de ellos que lo son); el problema es que son corruptos y rateros y por eso las cosas están como las vemos.
Viendo el lado bueno, la ingeniería peruana tiene una gran experiencia histórica acumulada, y no hay duda de que se conocen y se aplican normas técnicas (pero esto, lamentablemente, sucede solo a veces) para la construcción de variadas obras de ingeniería; esto quiere decir que si trabajan de manera no dolosa y con la debida supervisión, los ingenieros peruanos también pueden hacer buenas obras de ingeniería, no todo va a ser como los costosos mamarrachos que se destruyeron con los primeros embates del clima.
En este sentido, llama mucho la atención que en el proyecto de ley para la reconstrucción no haya un anexo de normas y especificaciones técnicas que deben seguirse en estas obras (materiales, altura de los puentes sobre el nivel del agua, terraplenes, grosor de muros de contención, reforzamiento de las capas de base de las carreteras, etc., etc.), para evitar que los ingenieros corruptos “construyan” como les venga en gana, incluso sin utilizar los planos de obra, como se comprobó estos días en los lentísimos trabajos de reconstrucción del puente Bella Unión, en Lima. Poniendo en la ley un anexo sobre normas técnicas, las autoridades (alcaldes y gobernadores regionales) podrán trabajar estrechamente con los ingenieros de la supervisión de obras.
Aunque suene inocente u obvio, debe especificarse todos los detalles técnicos de aplicación obligatoria (que todo ingeniero conoce pero que, por lo que vemos, no siempre toman en cuenta, con los resultados conocidos), porque sería ingenuo creer que en el reglamento de la la ley se puedan poner las cosas con claridad y fuerza coercitiva.
Contraloría
Como ya lo han señalado varios parlamentarios, este gran desfile de recursos tendrá la debilidad del control, pues la Contraloría, que ya es deficitaria en su presupuesto, deberá cargar con más trabajo para dedicarse a la reconstrucción, pero no se le asigna más recursos para dicha tarea.
COFOPRI
Pese a que se ha comprobado que las municipalidades están infestadas de sujetos que por robar, por ambición electoral o por ignorancia entregan constancias de posesión en zonas de peligro, no se ha puesto fin a estas facultadas para entregarlas a COFOPRI en forma definitiva, con lo cual se perpetúa el caos en el mapa de vulnerabilidad del territorio.
Propiedad privada
Pese a que esta norma favorece mucho al sector privado, sólo se ha pensado en las empresas de construcción y similares, mas no en las comunidades campesinas, pese a que sus tierras son propiedad privada, y se plantea utilizar sus terrenos sin consulta, como si fuesen ciudadanos de segunda categoría.
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