Los fondos que eran destinados para el Programa de Psicología en colegios del distrito de Echarati (durante los años 2015 y 2016) habrían terminado en poder del alcalde Víctor Raúl Morales Centeno y un grupo de sus funcionarios. Esta es la hipótesis que maneja la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de La Convención.
La Fiscalía prueba esta premisa en diferentes documentos y hechos. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 2015 en la Municipalidad de Echarati se elaboraron 39 requerimientos para la prestación del servicio “Capacitación externa en talleres de autoestima, sexualidad, bullying, derechos y obligaciones de los padres” dirigidos a alumnos del nivel secundario del colegio José María Arguedas.
Ese mismo día el gerente de Desarrollo Social, Pedro Paccori Mamani, a través de diversos informes remitió estos requerimientos a la Jefatura de la Unidad de Logística, en donde por la especialidad, debió haberse solicitado que los servicios sean prestados por profesionales o empresas idóneas.
Para la Fiscalía, este proyecto fue elaborado con el único fin de apropiarse de dinero de la municipalidad ya que de la verificación de los 39 requerimientos, la mayoría no superan los S/ 31 mil (a excepción de seis), lo cual permitió evitar la contratación del servicio a través de un procedimiento de selección, contraviniendo con ello la Ley de Contrataciones.
Asimismo, ese mismo día (24 de noviembre) se realizó las cotizaciones a las empresas Soluciones Integrales K&V de Ruth Maritza Peralta Cruz y la empresa Clobal Servis H&D EIRL, representado por Henry Durán Huamaní. Ambas empresas tenían como razón social la venta de ferretería y materiales de construcción. Posteriormente (27 de diciembre), José Luís Flores Velásquez (especialista del proyecto y trabajador de la municipalidad) hizo que a la razón social de la primera empresa se le agregue “Apoyo a la enseñanza”. La Fiscalía halló indicios que estas cotizaciones no corresponden a las firmas y sellos de los representantes.
Falsificaron todo
El Ministerio Público ha detectado además que por el monto de estos requerimientos, las adquisiciones se hicieron a través de compras directas. Se otorgó la buena pro a las empresas Soluciones Integrales K&V y Clobal Servis H&D el 24 de noviembre. Ese mismo día se elaboraron los contratos y se suscribieron. Los firmó el gerente municipal Dilmar Villena. Las firmas y sellos de los representantes de dichas empresas se falsificaron.
Posteriormente, se emitieron las órdenes de servicio de los 39 requerimientos. Se hizo ello pese a que en el municipio se observó que se pagara por un solo servicio de capacitación S/ 8 mil. Las órdenes fueron observadas por la jefa de Adquisiciones, Diana Herrera. Para la Fiscalía, Herrera firmó las órdenes luego que el jefe de Logística, Walter Huamán, le dijera que no se preocupara, porque las órdenes eran para pagar a docentes del proyecto.
Tras la firma, el residente del proyecto, Roger León Huarsaya, con el aval de los inspectores, Marco Antonio Olazabal Echegaray y Carlos Núñez Velasco, dio la conformidad de servicios que nunca se prestaron por parte de los contratistas. Sin embargo, en base a ello se emitieron los comprobantes de pago y se giraron cheques por cerca de S/ 264 mil 650.
Entrega de cheques
Según la investigación de la Fiscalía, para la entrega de los cheques, el 22 de diciembre de ese año, los supuestos representantes de las empresas contratistas (Ruth Peralta y Henry Durán) tuvieron participación. Ese día, José Luis Flores Velásquez, en un vehículo de la municipalidad, los acompañó a cobrar los cheques, que sacaron de la comuna.
El único que logró cobrar el cheque fue Henry Durand Huamaní y le entregó el dinero a Flores Velásquez. En tanto, Ruth Peralta Cruz recién lo hizo el 24 de diciembre (2015).
La Fiscalía sostiene que ese dinero que asciende a S/ 185 mil también fue dado a Flores Velásquez, quien luego entregó esta suma al alcalde Raúl Morales.
La autoridad edil y seis de los implicados están detenidos en la División Policial de La Convención. Otros seis acusados están no habidos y son buscados por la Policía.
Fuente La República, 17.11.2017
