La historia peruana solo registra un caso de indulto revocado mientras constitucionalistas preveen que se anularía la gracia de PPK.
Por Ernesto Toledo Brückmann
El exfiscal Avelino Guillén señaló al Diario UNO que el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, otorgado el pasado domingo por el presidente Kuczynski, puede ser revisado y evaluado por el sistema judicial.
“El indulto puede ser objeto de revisión y evaluación por parte del sistema judicial”, señaló Guillén, tras aclarar que el propio Tribunal Constitucional (TC) estableció que un indulto tiene que ser debidamente motivado y fundamentado.
“Ni siquiera tienen una enumeración de las causales y en qué procesos se está aplicando la gracia presidencial para cortar un proceso en trámite. Hay un apresuramiento y una ligereza al tramitar este indulto”, dijo.
También sostuvo que el Indulto adolece de varias irregularidades, incumplimiento al debido proceso y un informe médico que carece de objetividad e imparcialidad.
“El informe médico tiene inconsistencias que permiten concluir que no se observan las exigencias establecidas en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. Estamos hablando de un indulto de carácter político y se está disfrazando como si fuera un indulto humanitario”, advirtió.
Del mismo modo, Guillén argumentó que el indulto al expresidente “burla el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales” y, por ello, se puede presentar una acción de amparo ante ambas entidades para que lo revisen por “graves vicios procesales”.
Finalmente, añadió que este proceso iría muy aparte de las acciones legales que se han anunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Amnistía Internacional lo preveía
Semanas antes del indulto, el movimiento global Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Kuczynski y en donde remarcaba que Fujimori fue declarado culpable de asesinato, secuestro y lesiones graves “perpetrado por sus subordinados contra decenas de personas”.
“Si se concediera un indulto a una persona responsable de crímenes de derecho internacional, esa decisión –que alteraría en la práctica la condena impuesta– se encontraría en contradicción directa con las obligaciones del Estado peruano en virtud del derecho internacional, y bien podría interpretarse como un acto que escuda o protege a esa persona de su responsabilidad penal por estos crímenes”, señala el documento.
La organización remarca que una eventual gracia presidencial debe distinguirse de la prerrogativa que anula el efecto jurídico de una condena por un “crimen de derecho internacional”, a la dación de una medida humanitaria que mantiene la condena impuesta.
El Estatuto de Roma
“El Estatuto de Roma, tratado internacional al que Perú está suscrito, establece que el indulto no procede en casos de delitos de Lesa Humanidad, entre ellos algunos de los crímenes por el que fue sentenciado Fujimori: Caso la Cantuta y Barrios Altos”, precisó el abogado y analista político Víctor Quijada Tacuri.
Asimismo, indicó que no procedería el indulto y podría ser denunciado por los agraviados de estos casos ante la CIDH y ésta a su vez impulsar un juicio ante la Corte, porque no se estaría respetando un Tratado Internacional que protege los Derechos Humanos. Cabe recordar que los tratados son fuente del derecho peruano y tienen fuerza incluso mayor que la propia Constitución Política.
Quijada precisó que el indulto no se puede otorgar en caso de condenados por delito de secuestro, esto está regulado en la Ley 28760, que prohíbe expresamente este beneficio en caso de la comisión de delito mencionado, por ende, tampoco el expresidente podría gozar de este derecho de gracia por el caso secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
Indulto no es válido
El abogado penalista Mario Amoretti señaló que el indulto a Fujimori no es válido en caso de delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, aclaró que pese a que en el fallo contra Fujimori menciona ese perjurio, al final el padre de Keiko y Kenji fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y secuestro agravado. Pero no dijo que estos delitos son considerados crímenes de lesa humanidad.
“En ningún momento dice que lo condenan por lesa humanidad. De tal manera es necesario hacer esa precisión”, anotó. En ese sentido, dijo que en caso se planteara una objeción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) u otra instancia, esta no procedería pues el Tribunal Constitucional ya lo había establecido.
Respecto a la reparación civil, esta no puede ser eliminada y tiene que ser cobrada en cualquier momento por el Estado. “Eso sí puede hacerse efectivo con sus bienes. El perdón de la pena porque es beneficio penitenciario no exime del pago de la reparación civil a una persona que ha sido objeto de una condena”.
Crousillat fue indultado por Alan García pero tuvo que volver a prisión porque el indulto fue irregular.
Anulando el indulto a Crousillat
El indulto a Alberto Fujimori en vísperas de Navidad generó el rechazo de la población e interrogantes respecto a la posibilidad de que siendo la gracia presidencial una prerrogativa del mandatario, esta pueda ser revocada. La historia peruana reporta un caso en la que el mandatario dio marcha atrás.
“Considerando que después del indulto, José Enrique Crousillat, ha hecho sucesivas apariciones públicas mostrándose en aparente buen estado de salud, lo que desvirtúa la causa del indulto recibido”.
Así inicia el texto de la resolución suprema 056-2010 del Ministerio de Justicia, que revocó el indulto que recibió el ex broadcaster José Enrique Crousillat en diciembre del 2009. Tras recibir la gracia Crousillat inició acciones legales para hacerse de la administración de América Televisión; no obstante, la medida se declaró improcedente.
Elentonces presidente Alan García se mostró “sorprendido” por las actividades que hacía Crousillat. “Lamentablemente comienza uno a sentir que ha sido un poco burlado, porque una persona que está en la última situación de salud no está en la playa, en Asia o en Costanera 700”, dijo en ese momento.
De esa manera, se pidió en la referida resolución, que “se desnaturalice el sentido del indulto”. El documento lo firmó García, el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén y el criticado titular de Justicia, Aurelio Pastor, quien sustentó en varias ocasiones la “legalidad de la gracia recibida”.
A inicios del 2001 se dictó orden de captura a Crousillat, luego que un “vladivideo” lo mostrara recibiendo 1 millón 857 mil soles de Vladimiro Montesinos en una de las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Tras ello, el empresario televisivo traspasó sus acciones de América Televisión a sus hijas, antes de pasar a la clandestinidad con su hijo, José Francisco.
Luego de un largo proceso, en mayo de 2006 Crousillat llegó extraditado de Buenos Aires junto a su hijo José Francisco. A las semanas siguientes se les acusó de corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y complicidad en peculado. En agosto del mismo año fue condenado a ocho años de prisión por vender la línea editorial de su canal a favor del gobierno de Alberto Fujimori. Tras ser indultado, en el 2009, nuevamente fue capturado en enero del 2011, en el distrito de Miraflores.
El retroceso presidencial
Dos días antes de que la resolución suprema 056-2010 apareciera en el El Peruano, el juez del Segundo Juzgado Penal de Lima, había ordenado la captura de Crousillat por “Delito contra la administración de Justicia en la modalidad de cohecho pasivo propio, por supuestamente, haber declarado un estado de salud inexacto, para acceder al indulto presidencial”.
La resolución 285-2009 quedó sin efecto y las autoridades policiales empezaron una búsqueda desesperada contra el empresario televisivo.
Se dijo que estaba en Chiclayo, también se propaló la versión de que había viajado a Argentina, e incluso algunos medios “lo ubicaron en Washington DC, basándose en supuestas fuentes diplomáticas. Finalmente su paradero era Argentina.
Rodaron cabezas
Finalmente, el indulto y la posterior revocatoria, le costaron el puesto al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien había justificado la razón legal del mismo y que lo firmó junto a García y a Velásquez Quesquén, también había refrendado la gracia y hasta dijo que estaba bien sustentada.
Inmediatamente hubo cambios en el Ministerio de Justicia y apareció el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, quien se hizo cargo de la cartera.
Vocero alterno del oficialismo
“No hay responsabilidad de bancada en indulto”
El congresista Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio, señaló que ningún miembro de la bancada oficialista participó de la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar hoy el indulto humanitario al condenado exmandatario Alberto Fujimori.
En diálogo con Canal N, Juan Sheput explicó que la reunión en Palacio de Gobierno a la que el jefe del Estado convocó a los congresistas oficialistas fue para informar sobre su decisión y no para ponerla en consulta.
“Hay que informar que la bancada de Peruanos por el Kambio ha sido convocada para que le comuniquen la decisión adoptada por el presidente y los ministros, de ninguna manera para que participemos de la discusión”, expresó.
Asimismo, Juan Sheput señaló que la bancada oficialista se reunirá en las próximas horas “para evaluar esta situación, pues reconocemos la potestad constitucional del presidente, pero acá tiene que haber una evaluación política en cuanto al momento de la decisión y la forma cómo se ha realizado”.
Diario Uno, 26.12.2017
