Parlamentario nacionalista presenta proyecto que modifica artículo 132 del Código Penal donde propone penar actos delictivos con servicio comunitario o días-multa.
El congresista del Grupo Parlamentario Nacionalista, Santiago Gastañaduí, presentó el proyecto de ley 1622/2012-CR, el cual elimina del Código Penal la pena privativa de libertad para los delitos de difamación cometidos a través de libros y medios de comunicación.
La iniciativa legislativa —que fue presentada ante la Comisión de Justicia del Parlamento—, busca modificar el artículo 132 del Código Penal para sustituir la represión de los mencionados delitos con prestación de servicio comunitario o en su defecto con días-multa.
“El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta para perjudicar su honor o reputación, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cincuenta jornadas y con cien días-multa”, dice la propuesta.
Por este mismo concepto, en la actualidad el Código Penal estipula pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.
El proyecto plantea, además, que si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social (modalidad agravada), este será reprimido con servicio comunitario de trescientos cincuenta jornadas o con ciento veinte días-multa.
La norma vigente contempla pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa.
“La libre expresión es uno de los derechos fundamentales y sancionar a las personas por eso resulta lesivo a la integridad de los seres humanos”, señaló Gastañaduí.
El legislador recordó que tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene que nadie puede ser molestado por causa de sus opiniones.
Acotó que tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes, la Carta Africana y la Convención Europea coinciden en que toda persona puede opinar y de recibir o comunicar informaciones o ideas sin injerencia de autoridades públicas.
Como se recuerda, la Comisión de Constitución debatió hace dos semanas un proyecto de reforma constitucional, el Nº 460/2011-CR, cuyo propósito era derogar los delitos cometidos por la prensa.
