Los “no” de Alejandro Toledo y su plan de gobierno
Estos días previos a la votación aparece en la TV un anuncio en video en el que el candidato Alejandro Toledo expresa rotundos “No” a puntos como los siguientes:
1) No al cambio de Constitución
Para entender el significado de este rechazo al cambio constitucional, debemos retrotraernos al amañado proceso de la tercera postulación de Alberto Fujimori (año 2000). En aquella oportunidad el candidato Alejandro Toledo invocaba a Alberto Fujimori a proceder correctamente, señalando que lo “avanzado” por Fujimori sería continuado y mejorado por Alejandro Toledo, quien ofrecía construir un “segundo piso” sobre los corruptos cimientos del fujimorismo.
Este atribuirse ser la continuación del fujimorismo implica la aceptación de lo hecho por la dupla corrupta y particularmente la preservación de la delincuencial Constitución fujimontesinista de 1993, telón de fondo y herramienta para las corruptas privatizaciones y la entrega de nuestras riquezas nacionales. Consecuentemente, es de lo más natural que Alejandro Toledo salga ahora en defensa de ese nefasto y podrido engendro de Fujimori y Montesinos y diga “Cambio de Constitución: ¡No!”
2) No a estatizar empresas
El segundo gobierno de Fernando Belaúnde y el primero de Alan García enfrentaron una grave crisis social y económica, que ellos agravaron al no regular adecuadamente las empresas del estado. En vez de sanearlas o privatizarlas en forma ordenada, las llenaron de sus partidarios, de manera que las empresas estatales se convertían en un botín del gobierno de turno, y los criterios técnicos de administración y contabilidad eran lo que menos importaban.
Llega Alberto Fujimori al poder en medio de una grave crisis económica y aprovechando de la deficiente conducción y malos resultados económicos de las empresas estatales —causados, como hemos señalado, por la intervención irresponsable de los gobiernos—, decide privatizarlas, con los resultados conocidos. Contrariamente a lo que sostienen los mercenarios y rateros de la prensa y televisión basura, las empresas estatales no son per se malas; son tan buenas o malas como lo permitan la seriedad y la responsabilidad de los gobiernos. Tenemos los casos de Codelco en Chile, Rosneft y Gazprom1 en Rusia, Petrobras en Brasil, etc., que son exitosas; y en el Perú vemos a las estatales PetroPerú y Enapu produciendo ganancias, pese a las obstrucciones del gobierno aprista. Tampoco se trata de pensar que se debe estatizar todo porque hay empresas estatales exitosas.
De lo que se trata es que determinados sectores de la economía deben estar en manos del estado. Por ejemplo, si la explotación del gas hubiese estado no estatizada sino simplemente sujeta a control estatal, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuzcinsky no hubiesen podido dejar en manos del consorcio Camisea el destino del gas (que siendo nuestro lo pagamos a precio de gas importado); el gobierno sencillamente hubiese hecho recordar a esas empresa que no podían disponer de un recurso de todos los peruanos, y menos para enviarlo a Chile, país enemigo. Además, al proclamarse contrario a la propiedad del estado de determinados sectores de la economía —hidrocarburos, puertos y aeropuertos—, Alejandro Toledo revela un serio complejo de inferioridad, que lleva a este candidato a pensar que indígenas como él no son capaces de administrar las riquezas de nuestra patria, que para eso están los extranjeros; y si son chilenos, mejor.
3) No a ahuyentar las inversiones
Las inversiones extranjeras son bienvenidas siempre que respondan a los intereses del Perú, que no afecten nuestra seguridad y que no mermen las ventajas competitivas del Perú. Pero hay inversiones que sí debemos ahuyentar, como lo ha hecho recientemente el pueblo arequipeño de Islay pagando su lucha con un costo de muertos y heridos para evitar que una empresa minera monopolice y contamine el agua, con perjuicio total de los agricultores.
También debemos ahuyentar a los ciudadanos chilenos —muchos de ellos testaferros del estado chileno— que en cumplimiento de un plan expansionista de Chile están apoderándose de tierras agrícolas peruanas en los departamentos del sur peruano, desplazando a agricultores peruanos, con la clara finalidad de arraigar derechos territoriales del estado chileno en el Perú, para luego tener el pretexto de intervenir militarmente como hicieron los chilenos en Bolivia para robarle su provincia litoral de Antofagasta.
En contraste con esto, sí son bienvenidas inversiones en sectores no estratégicos; por ejemplo, ¿quién podría estar en contra de los empresarios yanquis que han redescubierto en el Perú el mejor cacao del mundo (“Fortunato 4”) y han formado una empresa que compra y exporta ese cacao a los más exigentes mercados del mundo? El caso de LAN, que obtuvo “cielos abiertos” con Alejandro Toledo, es un ejemplo de lo mal que se hacen las cosas en el Perú. ¿Cómo es posible que cedamos a Chile, país enemigo del Perú, el usufructo de nuestra estratégica posición geográfica, poniendo bajo su control el espacio aéreo del Perú? Un mínimo de sentido común y dignidad nacional —lo cual es demasiado pedir tratándose de determinado candidato— dictan que como dueños de nuestro espacio aéreo nos reservamos el derecho de admisión de las aerolíneas.
Ferrocarriles
Por otra parte, el plan de gobierno de Perú Posible revela la firme convicción de ese partido de mantener al Perú en condición de país exportador primario. Además, Perú Posible parece tener fobia a los ferrocarriles: ya lo demostró con la sobrevaluada carretera Perú-Brasil (IIRSA Sur), que se hizo así a pedido de Chile, que impuso a la parte peruana que la unión Brasil-Perú se haga con carretera; de esta manera el Perú queda con el comercio al menudeo, mientras Chile está coordinando con Brasil sacarle su mercadería al Asia mediante ferrocarril (que pasa por Bolivia), en grandes cantidades. En el plan de gobierno de Alejandro Toledo encontramos:
“FERROCARRILES
• El Estado promoverá inversiones para la construcción de los siguientes ferrocarriles:
• Machu Picchu – Quillabamba (60 km)
• La Granja – Bayóvar (300 km)
• Las Bambas – San Juan de Marcona (450 km)”.
El primero ni vale la pena mencionar; los dos segundos estarán al servicio de la explotación minera (acentuar más nuestra condición de país exportador primario). Claro que tampoco se puede criticar y descalificar esos ferrocarriles al servicio de empresas mineras; lo criticable es que el plan de gobierno de Perú Posible no expresa una política ferrocarrilera, de orientación horizontal (costa-selva) y longitudinal (que una puntos de la sierra y de la costa, paralelamente), que permitan una mejor articulación del país y un acrecentamiento de nuestro desarrollo.
Seguridad ciudadana
En este punto el Plan de Gobierno de Perú Posible se desnuda como una escandalosa farsa, es de una superficialidad escalofriante. Leemos promesas que son un engañamuchachos grosero:
“Rediseñar los procesos de los servicios policiales en Comisarías, con mejoramiento
de infraestructura, equipamiento, capacitación y gestión por resultados, dentro de una visión multianual, que permita reducir la inseguridad”.
También:
“Diseñar consensos de gestión con los Gobiernos Locales y Regionales, para la formulación de los Planes de Seguridad Ciudadana, estableciéndose objetivos, indicadores y metas que permitan el monitoreo y evaluación del servicio policial, así como comprometer recursos para la mejora de la infraestructura, equipamiento y capacitación”.
Esos “compromisos” —nos hablan de 45 compromisos— son basura químicamente pura. Para los ignorantes mafiosos que confeccionaron este adefesio es posible enunciar un plan de seguridad ciudadana sin plantear con claridad un cambio drástico en la legislación2 y sin que se anuncie una política carcelaria (necesitamos construir por lo menos diez nuevas cárceles).
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1 Gazprom es una empresa mixta (capitales privados y estatales) en la que el estado ruso tiene voz y voto, que le permitirían impedir que se dé un mal uso o destino al recurso natural con que trabaja.
2 Que contemple: a) la prisión efectiva, empezando desde los delitos menores y poniendo periodos carcelarios más prolongados según la gravedad del delito, la reincidencia, etc.; b) la eliminación de beneficios penitenciarios, que permiten que asesinos, secuestradores y violadores salgan de la cárcel en corto tiempo, para volver a las andadas.
