Mediante la Resolución Ministerial N.° 334-2017-PRODUCE el gobierno pone en discusión el proyecto de Decreto Supremo mediante el cual propone conceder terrenos a empresas chilenas dentro de los 50 km de la frontera.
Esto es contrario a los intereses del Perú por las siguientes razones:
- Se permite a capitales privados chilenos formar un enclave extranjero muy cerca de la frontera.
- Se ignora las lecciones de la historia que demuestran como en 1879 las salitreras en territorio boliviano eran propiedad de chilenos e ingleses y constituyeron la causa inmediata de la guerra contra el Perú.
- Considerar que la formalización, la bancarización, la inversión misma, mayor recaudación, mayor oferta de servicios y los puestos de trabajo constituyen la justificación para que exista necesidad pública por cuanto ni todas ellas juntas superan la desventaja que significa para la seguridad nacional.
- El argumento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el sentido que las propiedades no están situadas en áreas en las cuales se ejercitan operaciones y acciones militares no es justificación válida por cuanto los 50 km de frontera abarcan el total de la misma y no están sujetas a escogimiento según el lugar de operaciones militares.
- La supuesta ventaja del incremento de la oferta de bienes y servicios a precios accesibles a la población no tiene sentido por cuanto nadie puede asegurar que esto ocurra.
- Es confusa la mención al inmueble ya adquirido directamente pues transcurridos ya los tres años se habría vulnerado el artículo 71 de la Constitución.
- Ceder a empresas chilenas en propiedad 100,000 metros cuadrados de territorio peruano en la frontera sur revela una ingenuidad política gigantesca y peligrosa para la comunidad nacional.
- La legislación peruana que promueve la inversión privada no puede pasar por encima de los intereses del país, como la construcción de nueva infraestructura arrendable que supuestamente comprende la generación de nuevos empleos.
- No se entiende por qué no se ha ofertado estas posibilidades a empresas de otros países ni tampoco por qué la propuesta se hace pública inmediatamente después de la Declaración de Lima que culminó solamente hace unos días.
- Es indispensable que en materias como esta se pronuncie el Centro de Planeamiento Estratégico —CEPLAN—, cuya visión de la situación es materia de esta problemática.
- El establecimiento de malls gigantes en medio de la ciudad de Tacna causará desprotección de los negocios actuales considerando además que las utilidades producidas por ellos son derivadas a empresas de Chile.
- Por las consideraciones precedentes resulta evidente que la propuesta es perjudicial para el país, teniendo en cuenta que con Chile tenemos temas pendientes sin resolver como son:
- El mal llamado triángulo terrestre
- Tratado de Libre Comercio – enmiendas
- Inversión recíproca y no discriminatoria – Artículo 63 de la Constitución.
- Armamentismo
- Derechos de pesca
- El Chinchorro
- Acceso al muelle de Arica
- Restitución de bienes
- Desminado
- Venta de gas
- Denominación de origen
- Aviación: estricta reciprocidad.
- Finalmente, llama la atención que en un tema tan trascendental como este se otorgue solamente 30 días para su análisis público revelando un inusitado apuro del gobierno que carece de justificación.
Asamblea General 24 de julio de 2017
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