- Ministerio Público debe abrir investigación a Vizcarra y otros denunciados por Procuraduría. Ministro será maltratado en el congreso, afirma exfiscal.
- Guillén: caso Chinchero es bien parecido a la Interoceánica.
La difusión de un audio revelador en que directivos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) rechazaban lo que decía la adenda del contrato de construcción y concesión del aeropuerto de Chinchero para después aprobarlo sin objeciones, muestra que ha existido por lo menos un acto de colusión, afirmó el exfiscal Avelino Guillén.
En el idioma español y en la práctica jurídica, colusión significa “acción de coludir o pactar contra un tercero”. Quiere decir que en el caso Chinchero, la víctima del pacto es el Estado peruano. Y quienes pactaron contra los intereses del Estado fueron de un lado quienes lo representaron mal, y de otro la empresa Kuntur Wasi.
Señaló Avelino Guillén que en este caso hubo un delito de encuentro entre un funcionario de Proinversión, los directores de Ositran y los ejecutivos de Kuntur Wasi. Por eso, cuando se conoció que los funcionarios y los de Kuntur Wasi habían firmado de acuerdo con la adenda que otorgaba a dicha empresa ventajas muy superiores a las que le tocaban al Estado, la presidenta del directorio de Ositran, Patricia Benavides, renunció en desacuerdo con ello, así como su gerente general, Obed Chuquihuayta, y el gerente legal, del organismo regulador.
COMO LA INTEROCEÁNICA
Según Guillén, el del aeropuerto de Chinchero es un caso muy parecido al de la carretera Interoceánica, donde el abogado Juan Monroy dice que no firmó el documento en el cual se basó la aprobación del contrato para dichas obras, pese a que aparece un documento firmado por él.
Diversos sectores de opinión consideran preocupante, por ejemplo, el cambio de criterio de los representantes de Ositran que aparentemente carece de explicación. “Por eso considero que el Ministerio Público debe seguir investigando, porque hay situaciones que no tienen explicación”, apuntó el exfiscal.
De comprobarse que los funcionarios antes mencionados cometieron el delito de colusión, les correspondería penas de 8 a 15 años de cárcel, además de reparaciones civiles. No sería difícil que el Ministerio Público reúna los elementos probatorios para imponer la legalidad, insistió, pues todos los testimonios de reuniones, actas y otros elementos coinciden.
JUEVES CANDENTE
De otro lado, el exfiscal lamentó que el ministro de Transportes Martín Vizcarra vaya a la interpelación de pasado mañana jueves en el Congreso, con una defensa endeble, casi desarmado, lo que hace presumir que será zarandeado, maltratado.
Resulta muy difícil explicar cómo es que se otorga a una empresa privada tantos privilegios sin motivo, como aportar el 80% del capital para la ejecución del proyecto mientras la empresa contribuye solo con el 20% y se le da a la misma la concesión del aeropuerto por 40 años, cuando todos los estudios indican que tendrá un intenso tráfico.
NADINE Y OLLANTA
También señaló que el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia está a un milímetro de entrar en fase decisiva, pues se ha completado el círculo con información nueva llegada de Brasil.
Todo indica, dijo, que el fiscal brasileño Carlos Bruno Ferreira da Silva, que estuvo hace unos días en Lima, ha traído información fresca que se está procesando y que procede de un colaborador nuevo, y parte de ella tendría que ver con el ex presidente Ollanta Humala y su esposa.
ALGO MÁS
De acuerdo a eso, señaló Guillén, se espera la pronta disposición de medidas restrictivas para el expresidente y Nadine. Los cargos corresponden a etapas previas a las elecciones del 2011 cuando la esposa de Humala recibió tres millones de dólares de Odebrecht, según la empresa, para la campaña pero se los guardó para su propio uso, lo que configuraría delito de lavado de activos, anotó el fiscal.
Diario Uno, 14.03.3017
