Estado recaudaría $26,672 millones si no se exporta el gas

La congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, aseveró que los cambios que se dieron a las leyes del gas son ilegales e inconstitucionales ya que el proyecto exportador a cargo del Consorcio Perú LNG es a todas luces sumamente perjudicial al suministro del gas natural para el país y para el desarrollo de la industria nacional pues nos resta competitividad.


Asimismo, aseguró que el proyecto exportador de gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, se da a precios bastantes inferiores al del mercado loca y que por la exportación de los 4.2 TCF durante los 18 años que durará la “estafa” del gas, el Perú recibirá por impuestos y regalías sólo 1,135 millones de dólares, pero si no exportamos el gas barato de Camisea, y se lo vendemos a las empresas eléctricas e industrias nacionales, el Estado recaudaría 26,672 millones de dólares con lo que podríamos construir más Hospitales, Postas médicas, Colegios, Carreteras y aumentarles el sueldo a los Profesores, Policías y Militares. Un hecho que ha terminado por ser aceptado por el Ministerio de Energía y Minas que recién quiere cobrar más regalías por la exportación del gas.

“Consideró que el gobierno del APRA ha demostrado que no tiene una política energética de desarrollo para nuestro país, y que sólo busca seguir con el negociado del gas porque están en juego los intereses de grandes lobbistas que tienen una torta por repartir con más de $15 mil millones de razones aproximadamente. Además, fue la bancada aprista en confabulación con el gobierno de Toledo quienes permitieron que se legalice la exportación del gas de Camisea tras modificar la Ley N.º 27133, que eliminó el horizonte permanente de 20 años para el consumo interno, beneficiando al consorcio Camisea” dijo Cajahuanca.

También, señaló que la bancada fujimorista con su silencio cómplice es responsable de que hasta la fecha no se haya evitado la exportación del gas de Camisea, pues tienen cuatro años presidiendo la Comisión de Energía y Minas, sin querer debatir el Proyecto de Ley N.º 3022 que busca restablecer el horizonte permanente de abastecimiento de gas por 20 años presentado por la bancada nacionalista. Además, el problema se origina cuando el régimen de Fujimori, plasmado en la Constitución actual, obligó al Estado a la renuncia de la propiedad de los recursos naturales.