Cualquier ciudadano sabe que en aquellos periódicos donde se ve grandes avisos del gobierno, como el insulso "Perú Avanza", los cuales también abundan en la televisión y en radio, son medios caracterizados por realizar un putrefacto lobby en favor de las medidas gubernamentales. Paralelamente, silencian los casos más graves de corrupción, como el escándalo de cielos abiertos a los chilenos, la corruptela en el aeropuerto con LAP, los aranceles para favorecer a Dionisio Romero, el remate de propiedades del gobierno, las privatizaciones encubiertas, entre otros.
Arbitrariedad a la hora de conceder publicidad estatal, pago a periodistas, abuso de poder o inspecciones son algunas de las prácticas que los gobiernos ejercen para domesticar a los medios de comunicación en América Latina, según este informe divulgado en Costa Rica.
"El precio del silencio", realizado por la Asociación por los Derechos Civiles y la Open Society-Justice Initiative, analiza lo que denomina "el abuso de la publicidad y otras formas de censura indirecta" en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
Los principales mecanismos de manipulación se dan a través de la publicidad oficial, según el informe realizado entre enero y octubre del año pasado y financiado por el Open Society Institute.
Según Eduardo Ulibarri, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), todos los países estudiados sufren en mayor o menor medida este tipo de prácticas.
En el caso de Costa Rica, Ulibarri apuntó que no encontraron muchas irregularidades pero sí una ''vulnerabilidad a prácticas inconvenientes ante la ausencia de legislación sobre acceso a la información y otra que regule la asignación de la publicidad oficial''.
''En Costa Rica encontramos el caso en 2004 cuando el entonces presidente Abel Pacheco decidió reducir la publicidad en el periódico La Nación por disconformidad con la línea crítica que tenía hacia el gobierno. Para ese diario —es el más grande del país— no fue un impacto grande, pero para un medio pequeño o regional posiblemente hubiera representado el fin'', agregó Ulibarri.
¿Qué dice la Contraloría? ¿No ve nada?
