Rocío Ferrel

Diversas propuestas y algunas muy buenas circulan para elaborar una nueva ley de promoción agraria, tras la derogación de la que existía hasta la semana pasada debido a la convulsión social que estalló tras años de presión contenida por parte de los trabajadores. Esto debe verse con rapidez debido al plazo que tiene la comisión creada para ello en el Congreso.

 

 

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Tributos

En materia tributaria, el ministro de Economía Waldo Mendoza ya adelantó que la reducción del Impuesto a la Renta se eliminará, pero gradualmente para no causar mayor impacto en época de pandemia.

Sin embargo, habría que evaluar un régimen tributario especial para la agricultura familiar, los pequeños fundos y la agricultura en sierra y selva, regiones que tienen en contra el costo de transporte más caro, debido a las distancias para llegar a los principales mercados nacionales de la costa o a los puertos de exportación.

Además de la ubicación geográfica, para aspectos tributarios o laborales debe tenerse en cuenta el tamaño de la plantación. Una posibilidad sería considerar pequeñas unidades a las que tengan hasta 10 hectáreas, medianas a las de más de 10 a 30 y grandes a las mayores que 30 hectáreas.

La ley no debería tener un plazo de término en general, sino un plazo de término a partir de la fecha de acogimiento al beneficio y deberían ser de largo plazo o permanentes para las pequeñas unidades; de mediano plazo para las unidades medianas; y de corto plazo para las grandes nuevas.

Como la duración de los incentivos es importante, debería ponerse candados para evitar el vicio del cambio de razón social para burlar la ley o a la Sunat, que muchas veces pierde el rastro para recaudar tributos. Por ello sería indispensable considerar los incentivos no sólo como otorgados a una empresa, sino ligados a un predio determinado.

Es decir, si un fundo obtiene un incentivo tributario, la “viveza” del empresario puede llevarlo a cerrar su empresa y abrir otra con diferente razón social al término del plazo, con lo cual también podría burlar beneficios laborales. Por ello si un fundo ubicado en una dirección dada, sea quien sea el propietario, recibe un beneficio, dicho incentivo debe terminar en el plazo señalado sin importar el cambio de propietario.

Aspectos laborales

Como bien lo señalan las principales empresas agroindustriales, poner un sueldo mínimo alto puede afectar a los pequeños productores, que no están en condiciones de afrontar esos gastos.


Por ello, los trabajadores deberían tener un régimen similar al de los trabajadores de construcción civil, que tienen un sueldo básico mínimo, pero esto debería ser aplicable a los fundos medianos y grandes.

Para los pequeños fundos podría considerarse según la oferta y demanda, sin que se otorgue menos del mínimo vital más beneficios sociales.

No obstante, como la experiencia ha demostrado que las grandes empresas no mejoraron el sueldo de los trabajadores con el tiempo, para las grandes y medianas empresas debería contar el tiempo de servicio. Así, en nivel 1 podría considerarse a trabajadores nuevos, nivel 2 a trabajadores de más de 3 a 10 años y nivel 3 de 10 años a más.

Pero existe la temporalidad, lo cual no es problema, porque si se establece que todo trabajador debe estar en planilla, su tiempo debe ser acumulado sin importar para qué empresa trabaje, para lo cual el ministerio de Trabajo-Essalud pueden utilizar su base de datos para facilitar esta clasificación.

En cuanto a los beneficios por parte del gobierno para el pago de Essalud, sólo deberían otorgarse a las pequeñas unidades.

Sindicatos

El ministerio de Trabajo (MTPE) debería establecer que en medianas y grandes empresas deba existir al menos un dirigente sindical de forma obligatoria, el cual debería ser capacitado por el MTPE en legislación laboral básica y en medidas de seguridad en el trabajo, con incidencia especial en el manejo de pesticidas que es el mayor peligro al que se exponen estos trabajadores.

Un dirigente sindical sería un gran aliado del MTPE debido a las dificultades para la SUNAFIL de inspeccionar grandes extensiones.

La SUNAFIL ha tenido un desempeño deficiente por muchos años, pues básicamente se sientan a esperar denuncias, cuando un trabajador explotado no tiene tiempo de ir a quejarse. El gobierno ya mencionó que un tercero puede realizar una denuncia virtual, lo cual es un avance.

Pero esta institución debe ser más activa y buscar los puntos de explotación laboral, por lo cual además debería tener una unidad de inteligencia que investigue estos casos para realizar las inspecciones. En el colmo de la tontería, a veces anuncian inspecciones “inopinadas” en determinados lugares o sectores económicos, lo cual sólo previene a los malos empleadores para esconder sus abusos.

Cuando hay violaciones graves de los derechos laborales, muchas veces a la SUNAFIL le dan con la puerta en la narices, por lo cual se limitan a notificar y multar. Por ello, debería reforzarse sus facultades y autorizarla a imponer cierres temporales o definitivos en estos casos, además de permitir su ingreso con el concurso de la fuerza pública  con mandato judicial que debería ser de trámite inmediato.

Nuestras leyes consideran que la SUNAT debe tener grandes poderes coercitivos porque el gobierno valora al dinero (tributo) más que a la persona, pero las facultades coercitivas deben ser mayores cuando lo que se busca cautelar es el bienestar, salud y hasta la vida de la persona, pues por ejemplo, la inexistencia de medidas de seguridad puede causar la muerte de trabajadores. Por ello el MTPE debe ser investido con mayores facultades.

Services

No basta reiterar que está prohibido contratar a los trabajadores mediante las “services”. El MTPE debe asumir su responsabilidad y manejar un banco de trabajo, de modo que contacte a las empresas que requieren personal y a los trabajadores que buscan empleo.

Ya lo hacen con empleos en general, pero deben tener una base de datos con énfasis en el empleo agrario, para facilitar a los trabajadores una colocación en un puesto, pues en esta actividad hay mucha estacionalidad y los trabajadores van de empresa en empresa a merced de las “services” que mantienen los contactos con los empleadores para captar personal. Por ello, además de un portal virtual, el MTPE debería tener oficinas para brindar este tipo de ayuda en las regiones con mayor demanda de mano de obra, con lo cual brindarán facilidades no sólo a los trabajadores sino a los empleadores.