Abogado facundo Chinguel ropme el silencio y responde críticas

Estado pierde millones por resoluciones de la CIDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Trabajadores de la Contraloría favorecidos con sentencia que obliga al estado pagar 244 millones de nuevos soles


(http://www.periodistaperu.com) Desde su designación como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el abogado Miguel Facundo Chinguel ha soportado serias y severas criticas, al extremo que en los últimos días mediante una fe de erratas publicada en El Peruano se precisa que el cargo es sólo "encargatura".


¿Quiénes están detrás de esta campaña? Al parecer son estudios jurídicos y abogados que ven peligrar jugosas comisiones que obtienen por lograr sendas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligan al estado peruano pagar millonarias indemnizaciones en procesos judiciales que se vienen perdiendo en esas instancias internacionales.

En las instalaciones de Best Cable - canal 3, en el programa "Señal Alternativa", el abogado Miguel Facundo Chinguel respondió a las críticas de un sector de la prensa que cuestionan su designación en ese cargo.

Afirmó que los derechos humanos no solo son de los litigantes que llegan a las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), éstos también corresponden a las miles de viudas e hijos huérfanos de policías asesinados de los últimos años, a los afectados por las violaciones de sus derechos por parte de malas autoridades del estado de ayer y ahora, a miles de trabajadores que reclaman sus derechos laborales y de reposición en las calles y en las instancias judiciales, quienes no resuelven sus casos oportunamente.

El derecho a la vida es otro derecho humano que es seriamente afectado en los últimos años, según estadísticas que afirman que la autoeliminación n de personas menores de 16 años se ha incrementado en nuestro país.

Los procesos judiciales que llegan a la CIDH vienen siendo adversos al estado. Existen casos que no se difunden por intereses de particulares que han hecho un "lobby", que afecta al Presupuesto de la República. Por ejemplo, citó el caso de los trabajadores de la Contraloría General de la República, quienes se han favorecido con una sentencia de obligado cumplimiento y el estado deberá, solo en este caso, pagar la suma de 244 millones de nuevos soles. ¿Cómo hace el estado para perder esta clase de juicios?

El caso del ex capitán EP Gustavo Cesti Hurtado, quien a través de su empresa de seguros mantenía un convenio con las fuerzas armadas. Este caso se inicio en 1996 y ahora como resultado de una sentencia no cumplida por el estado peruano el referido ex oficial tiene embargada algunas cuentas corrientes bancarias de propiedad del estado, porque en su oportunidad el estado no cumplió con pagar cerca de 40 mil dólares como había ordenando en su resolución la CIDH.

Otro caso similar, y por cierto millonario, es la sentencia incumplida de la CIDH que favorece a ex trabajadores municipales despedidos por malos alcaldes. Es preciso señalar que el incumplimiento de estas resoluciones llegan hasta cuadriplicar las sanciones pecuniarias en perjuicio del estado.

Son más de 400 procesos judiciales que están manos de la CIDH, cuyo cumplimiento de sus resoluciones por parte del Estado podrían colapsar el Presupuesto General de la República.

Fuera de juego

Este correlato de hechos, señalados por el abogado Miguel Facundo Chinguel, lleva a preguntas impostergables, ¿Cómo hace el estado para que los juicios no se resuelvan en jurisdicciones nacionales y lleguen a instancias internacionales? ¿Cuánto gasta el estado en contratar abogados para que defiendan los intereses del estado en instancias como la CIDH? ¿Será cierto que existen abogados "especialistas" en que determinados procesos judiciales lleguen a la CIDH para después beneficiarse con comisiones pecuniarias productos de "juicios ganados" que perjudican al estado peruano? ¿Cuáles son los estudios jurídicos que contrata el estado? ¿Cuál es el nombre de los abogados o estudios jurídicos que son contratados por el estado para que lo defienda y terminan como abogados de los litigantes?