justicia prochilenaPerú acepta que seamos tratados como ignorantes 

El Poder Judicial peruano ha aceptado una gravísima e infame injerencia chilena en la reforma procesal penal en el Perú, despreciando a notables juristas nacionales que deberían intervenir en la planificación, elaboración y desarrollo de dicho proceso.

 El 22 de mayo se publicó en El Peruano la Resolución Administrativa N.° 100-2007-CE-PJ, suscrita por Francisco Távara Córdova y los otros cinco magistrados que conforman el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Como si fuésemos ignorantes a los que se tiene que decir qué hacer

Dicha resolución aprueba un convenio entre los poderes judiciales de ambos países para que intercambien "experiencias conducentes a la inducción de metodologías y procedimientos de gestión" que coadyuven al proceso de reforma procesal penal en el Perú. Se induce a alguien que está en calidad de inferior. Con esta resolución, el Poder Judicial ha insultado al Perú.

Además, la resolución adolece de una omisión, pues no existe artículo que señale en forma expresa qué área o departamento efectuará la difusión del convenio. ¿Es secreto?

En vista de que se ha cometido una afrenta a la capacidad de todos abogados del Perú, es imperativo que los Colegios de Abogados del Perú se pronuncien sobre esta despreciable resolución, y no sólo éstos, sino las universidades que cuentan con facultades de Derecho.

 El peligro de que las mafias chilenas naden como pez en el agua en el Perú 

Este año hemos sido sacudidos por el escándalo de la gigantesca mafia chilena de Gildemeister instalada en el Perú, además, tenemos los casos de corrupción de Lan, Luchetti, Fujimori y otros. ¿Qué estamos esperando, que Chile introduzca los instrumentos legales necesarios para que las mafias burlen la ley y se conviertan en más poderosas que nunca? 

¿Qué ha motivado que se les abra las puertas a los chilenos para que tengan libre acceso a nuestras decisiones soberanas en materia legal? ¿A quiénes quieren salvar los chilenos? ¿Se trata de imponer penas mínimas a las mafias? ¿Es el comienzo de sucesivas inducciones en nuestra legislación? ¿Se vendría la inducción en materias agrarias, estratégicas, etc.? Hay que tener en cuenta que Chile tiene otra realidad, que no puede ser extrapolada a la peruana.

El gran volumen de las inversiones chilenas en el Perú determina que paralelamente al movimiento económico haya también tráfico de influencias, corrupción, cabildeo político y cierta cantidad de casos derivados al Poder Judicial; esto último debe ponernos en guardia para asegurarnos de que al menos antes de su expulsión del Perú, las empresas chilenas estén sometidas al imperio de la ley peruana sin ningún sesgo, influencia o corrupción que, para torcer la justicia, pueda surgir de la amistad o contacto entre jueces, magistrados y abogados peruanos y chilenos.

Por otro lado, debemos ser muy conscientes de que este convenio abre las puertas para un intercambio y trato personal entre abogados y juristas peruanos y chilenos; y ya sabemos a qué lamentables resultados se llega cuando permitimos que gente que trabaja para el estado peruano tenga tratos o amistades con el enemigo chileno: el ejemplo más reciente es la vergonzosa conducta de marinos peruanos sirvientes de Chile que en la Escuela Naval del Perú han erigido la efigie en bronce del agresor chileno Arturo Prat, malhechor de triste memoria para todos los peruanos. ¿Queremos que pase algo parecido también con la gente del Poder Judicial, que ya corrompidos por el dinero chileno se porten con el mismo grado de desvergüenza y abyección exhibidos por los que han levantado la efigie a Prat?

Como los ciudadanos pagamos a militares y civiles que trabajan para el estado, tenemos pleno derecho de exigir que los funcionarios públicos peruanos se mantengan al margen de cualquier vinculación con Chile, país delincuente.

Este asunto lesiona nuestra soberanía y debe ser materia de investigación de parte del Congreso.