Demostrando una vez más cómo la llamada izquierda se comporta cuando tiene poder, la alcaldesa de Lima Susana Villarán y sus regidores aprovecharon de sus cargos para presionar a la Caja Municipal de Lima con el objeto de que les dé préstamos.
Por ser funcionarios públicos con cargos importantes, debían haberse abstenido de solicitar beneficios personales a dicha Caja, pues la alcaldesa nombra su directorio y muy difícilmente un subordinado podría denegarlos.
Con todo desparpajo, Villarán se negó a responder a estos cuestionamientos en la sesión del Concejo Metropolitano y maniobró para citar a los funcionarios de la Caja para el próximo martes.
Al gozar de estos préstamos, esta gente viola la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 63 establece que “los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar obras o servicios públicos municipales”.
Burda respuesta de la Caja Metropolitana
Al ponerse al descubierto el escándalo, la Caja Metropolitana aduce que “los créditos a personas vinculadas con la institución, ya sea por propiedad o por gestión, están permitidos y regulados por la Ley de Bancos y la Resolución SBS N.° 445-2000, Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico”.
La Caja Municipal cree que los limeños son ignorantes para dar este tipo de explicaciones, pues la Ley de Bancos regula las transacciones financieras para los ciudadanos en general, pero en verdad todo funcionario municipal debe sujetarse a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben ser los primeros en cumplirla.
En tanto, la abogada Flor de María Hurtado anunció que hoy presentará un pedido de vacancia contra la alcaldesa Susana Villarán en la mesa de partes del concejo de la comuna metropolitana por aprovechamiento del cargo con interés directo solicitando un préstamo personal a la Caja Metropolitana de Lima.
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