Este 28 de julio el gobierno de PPK presentó una nueva iniciativa legal para facilitar la expropiación y entrega de tierras para obras de infraestructura, a pesar de que su norma anterior, el Decreto Legislativo 1333, fuera ampliamente rechazada por organizaciones indígenas y derogada por el propio Congreso de la República.
Esta vez, se trata del Proyecto de Ley N.° 1718 “Ley que Regula la Obtención de Inmuebles Requeridos para la Ejecución de Obras de Infraestructura Priorizadas”, que viene a ser una versión actualizada de su polémico predecesor.
Bajo el pretexto de reactivar la economía, ambas normas buscan esencialmente lo mismo: facilitar y entregar en tiempo récord la propiedad de predios, tierras y territorios necesarios para la ejecución de proyectos considerados como prioritarios o estratégicos.
Para ello, plantean, entre otras cosas, la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizadas (APIP), un ente “todopoderoso” encargado de gestionar la entrega de derechos sobre la tierra a proyectos de infraestructura, y que desbarataría todo el régimen actual para el reconocimiento, formalización, saneamiento y titulación de la propiedad, dejando de lado la competencia de los organismos responsables.
Por otro lado, si bien el nuevo Proyecto de Ley menciona que —en el marco del convenio 169 de la OIT— los territorios en propiedad y/o posesión de pueblos indígenas u originarios quedarán fuera de su ámbito de aplicación, las tierras de las comunidades campesinas y nativas que el Estado no reconoce como parte integrante de los pueblos indígenas sí serían afectadas [1].
En el contexto de un gobierno que busca priorizar las inversiones a como dé lugar, y de un Estado que aún no concluye con su labor de sanear física y legalmente las tierras de las comunidades campesinas y nativas del país, esta nueva versión del derogado Decreto Legislativo 1333 continúa siendo un peligro para sus derechos a la tierra y el territorio.
