Los golpes de Fujimori y Montesinos contra el magisterio

Recortó derechos laborales, redujo los salarios y generó la división en el magisterio. Fujimorismo maltrató a maestros y ahora los utiliza para fines políticos. En 1995 con la Ley 21513 eliminó por completo la estabilidad laboral.

Por Ernesto Toledo Brückmann

Los principales problemas que hoy afronta el magisterio surgieron durante el régimen fujimorista al emitir normas que atentaron directamente contra los derechos laborales de los maestros como el DS 051–1995 que los perjudicó económicamente y, según manifestó el excongresista Daniel Mora, fue durante ese régimen que se atomizó el sector, pues se emitió una ley que permitía que a partir de 20 personas puedan formar un sindicato.

Desde entonces cada colegio empezó a formar su sindicato, dando inicio a los enfrentamientos que se vienen produciendo al interior del magisterio nacional, entre distintos gremios regionales que buscan tomar el liderazgo en el Sutep. Bajo el lema divide y reinarás, el fujimorismo logró sembrar la desunión en el magisterio.

Afectan derechos

Si alguien afectó cruelmente los derechos del profesorado y de la educación peruana fue Alberto Fujimori; durante sus dos gobiernos (1990- 1995; 1995- 2000) la llamada “modernización educativa” significó un conjunto de medidas con orientación, condicionamiento y tutela del Banco Mundial. Las políticas educativas se fueron dando sin un plan preconcebido. Al respecto, el pedagogo Sigisfredo Chiroque recuerda que la Reforma Educativa Neoliberal en el Perú, promovida por Fujimori, partió de una secuencia de medidas:

1. Reducción formal del Ministerio de Educación (MINEDU).- Los trabajadores estables de ese sector disminuyeron al mínimo. Los que quedaron eran pagados por contratos o consultorías temporales, a fin de perder estabilidad laboral.
   
   
2. Currículo por competencias.- Cambios en el currículo de Educación básica y en el enfoque pragmático de competencias, dentro del autodenominado “Nuevo Enfoque Pedagógico” (NEP);
   
   
3. Facilidades para la privatización educativa.- Esto se dio en varios momentos:
   
   -En 1992, se dictó el Decreto Ley Nº 699 que establecía la “cesión en uso” de los centros educativos estatales, a entidades asociativas y privadas, restringiendo la gratuidad de la enseñanza pública. Frente al rechazo del SUTEP y de la opinión pública, el dispositivo se derogó en diciembre del mismo año.
   
   -Desde 1995, el Gobierno cambió de táctica frente a la privatización de la educación pública. Las principales medidas han sido: a) Se postuló que cada centro educativo se convierta en un proyecto educativo que debe ser monitoreado empresarialmente por el director; b) Se normó la autorización a centros educativos para que realicen actividades destinadas a la obtención de ingresos propios (D.S. 48-94-ED del 04-10-1994), con una clara intención de mermar la asignación presupuestaria a los centros educativos; c) Aprobación de nuevas normas para incentivar la presencia del sector privado en educación (DS 003-98-DE; DS004-98-DE y DS 007-98-DE).
   
   -Pero la privatización de la educación también se dio en la medida que se incentivaba al sector privado, para tomar la educación como inversión. El 2 de diciembre de 1995 sale la Ley 26549 sobre “Centros y programas educativos privados”. Esta Ley y su Reglamento (DS Nº 001-96-DE del 02-02-1996) abiertamente planteaban estímulos y autonomía para el trabajo en la educación particular.
   
   -El 10 de noviembre de 1996 se emitió el Decreto Legislativo Nº 882 sobre “Promoción de la inversión educativa”. En este caso, se explicitan los incentivos a la educación particular.
   
   
4. Tercerización de la capacitación docente.- En la medida que el MED ya no tenía personal para atender la formación continua de los docentes, ella se entregó a organizaciones privadas (“Entes ejecutores”);
5. Impulso a una gestión educativa fragmentada y pragmática.- Se impulsó un enfoque de atomización de problemas y soluciones en el campo educativo, a través de: Proyectos Educativos Institucionales (PEI), visión gerencial del trabajo de directores, innovaciones educativas meramente funcionales al sistema;
6. Inicio de la “moratoria curricular”.- Para la gente humilde, se comienza a postular y practicar que basta tener aprendizajes básicos. Y así como en vivienda (módulos de vivienda básica), se prioriza solamente la lecto escritura y algo de matemática. Este reduccionismo escandaloso para la educación de los pobres aún perdura y se ha sofisticado.
7. Intento de municipalización de la educación.- Se quiso implantar el modelo chileno, pero esto no prosperó. En realidad, se dio un ensayo de privatización de la educación pública, con el membrete de municipalización de la gestión educativa. Esto se dio mediante los decretos 26011, 26012 y 26013. En realidad, el dispositivo tampoco fue practicado, hasta que en abril de 1992 se declaró en suspenso la “municipalización”.
8. Control autoritario del movimiento magisterial.- El magisterio en su conjunto fue satanizado y el SUTEP fue considerado como antesala del campo de operaciones de los alzados en armas. Se aplicaron medidas de contrainsurgencia con los maestros, principalmente de área rural. De manera simplificada el gobierno aceptaba que: Ser Maestro = Ser sutepista = ser de izquierda = ser “terrorista”.

El Sutep en el gobierno de Fujimori que anuló la estabilidad laboral que ahora dicen defender.

Remuneraciones

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Alfredo Velásquez, dijo al diario UNO que el gobierno de Alberto Fujimori atentó contra los derechos laborales del magisterio al emitir el Decreto Supremo 051 de 1995, donde cambió el concepto de pago por preparación de clases, luto y sepelio, y por tiempo de servicio, que contemplaba la Ley del Profesorado Nº 24029, donde se establecía los porcentajes de pago por cada concepto, como por ejemplo el 30% de la remuneración total por preparación de clases; la norma de Fujimori interpretaba ese porcentaje teniendo como base la remuneración permanente que perjudicaba a los docentes que recibieron montos irrisorios de 19 soles por preparación de clases, hasta el 2012.

“Estos atentados a los beneficios laborales del magisterio, originó la deuda social que el Estado le debe a todos los docentes del Perú, desde 1996 hasta el 2012, año donde se aprobó la Ley de la Reforma Magisterial, derogándose la Ley del Profesorado”, sostuvo.

“Desde entonces el SUTEP estuvo luchando para el reconocimiento y cancelación de la deuda, en cada una de las regiones. Incluso el gremio recurrió hasta el Tribunal Constitucional (TC) para que esa instancia otorgue garantías constitucionales, reconozca que la deuda por beneficios laborales sea establecida de acuerdo a la Ley del Profesorado, pues estos se han ganado en plena vigencia de la norma”, finalizó Velásquez.

Finalmente, el TC falló a favor de los docentes y es por ello que las sentencias judiciales por estos casos que accionan los docentes, se fallan teniendo en cuenta las recomendaciones del TC.

Indicó, además, que ahora los fujimoristas actúan como corderos ayudando supuestamente a los profesores cuando todos sabemos que se trata de lobos.

Diario Uno, 26.08.2017