Una grave acusación pesa sobre el exdirector de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y abogado del expresidente Pedro Pablo Kuzcynski, Celso Gamarra Roig, por no interponer “ningún recurso judicial contra los laudos favorables a Odebrecht” ni dar instrucciones a los árbitros para que favorezcan al Estado y no a la constructora brasileña.
Gamarra Roig, como es público, no fue el único funcionario implicado sino el exprocurador del MTC, Jaime Valés Carrillo, quien tampoco impugnó ni presentó nulidades contra los laudos que favorecían a Odebrecht, esto porque ambos “habrían aceptado y recibido dinero (donativo)” de la transnacional carioca.
¿De dónde proviene esta información? Del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que en su Disposición N° 10, del 17 de abril último, incrimina a 19 árbitros, a los dos funcionarios del MTC antes citados y a otros exejecutivos de Odebrecht -Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Trindade Serra- y al exdirector de contratos de IIRSA Norte, el ecuatoriano Ronny Loor Campoverde.
Para el equipo que dirige el fiscal Jorge Páucar Chappa, que ha descubierto todo este entramado a partir del caso del árbitro Horacio Cánepa, la gravedad del tema radica en que, del total de 42 arbitrajes en que el Estado tuvo que enfrentar a Odebrecht, perdió en 39 de ellos, lo que le ha significado al fisco una pérdida de 254 millones 656 mil dólares.
Precisamente Horacio Cánepa, exdiputado pepecista y al parecer acogido a la colaboración eficaz, personifica este escándalo porque –en forma coludida– falló a favor de empresa de Marcelo Odebrecht en 16 de los 19 arbitrajes a los que fue convocado, lo que le significó al país una pérdida de alrededor de 500 millones de soles.
¿Cuál ha sido el papel de Celso Gamarra Roig en esta historia que ha contado, con lujo de detalles, para todo el entramado arbitral en las Interoceánicas IIRSA sur e IIRSA norte, el sistema de agua potable de Chimbote y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas, el aspirante a colaborador eficaz Nº14-2017? Veamos.
Con relación al arbitraje de la Interoceánica Norte, dice el colaborador que “aproximadamente en el mes de abril de 2012 se produjo una reunión ilegal entre los futuros árbitros Horacio Cánepa Torre, quien sería designado por Odebrecht, y Fernando Cantuarias Salaverry, quien sería designado por el MTC, en la Oficina del Director de Concesiones Celso Gamarra Roig, ubicado en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.
En la reunión participó el director del contrato de IIRSA Norte de Odebrecht, Ronny Loor Campoverde. Sobre ese cónclave la investigación fiscal dice textualmente que “allí Gamarra Roig y Loor Campoverde decidieron cuál iba a ser la materia controvertida y cuál iba a ser el monto de lo que Odebrecht reclamaría que ascendía a US$ 28’261,946.00 incluido IGV”.
Allí también “acordaron que el honorario de los árbitros iba a ser superior a las tablas de los centros arbitrales”.
Pero ahí no queda la cosa. “Se acordó entre todos designar como futuro presidente del tribunal arbitral a Franz Kundmuller Caminiti”, un profesor de la Pontificia Universidad Católica especialista en arbitraje y que en su hoja de vida ostenta haber ocupado altos cargos en OSCE y haber trabajado en asuntos anticorrupción y de ética pública con oenegés como la Comisión Andina de Juristas y Proética.
Para este arbitraje de IIRSA Norte cada uno de los tres árbitros recibió como pagos la suma de 288,884.00 soles de parte de Odebrecht y del MTC.
“En esa oportunidad Gamarra Roig y Loor Campoverde instruyeron a los árbitros Cánepa Torre y Cantuarias Salaverry para que emitan una decisión favorable a Odebrecht que previamente había sido acordada entre las partes”.
Dicho de otra forma, siempre según la Fiscalía, “el arbitraje iba a ser el ropaje legal para cobrar al Estado el monto señalado [US$ 28’261,946.00] y continuar con la obra”.
Siguiendo con la historia, el Tribunal Arbitral se instaló en mayo de 2012 y después se sucedieron tres reuniones en el restaurante Vivaldi de Camino Real de San Isidro y en todas se vio la manera “más rápida” de sacar el arbitraje “porque el MTC [es decir Gamarra Roig] tenía urgencia de que se continúe la obra y Odebrecht de que se le pague”.
Ante tales apremios acordaron “emitir un laudo parcial por US$ 12’178,333.02” que salió como por un tubo y respecto del saldo restante ya no hubo la prisa inicial, pero igual se pagó diez meses después el monto de US$ 11’772,469.00.
No obstante que todo fue concertado y el pago inmediato, ni Gamarra Roig ni el entonces procurador Valés Carrillo presentaron “ninguna acción contra el laudo, ni a nivel de los árbitros ni en el Poder Judicial”.
Eran años del gobierno de Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia. Eran también días de desnaturalización y corrupción de esa institución jurídica llamada arbitraje.
13 ARBITRAJES
De este número, solo en tres ganó el Estado y 10 fueron favorables a Odebrecht en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, con la complicidad de Horacio Cánepa. Y es que Loor Campoverde le dejó una directiva: “si había algún árbitro que no quería fallar a favor de Odebrecht, que le avisara para él dar algún incentivo si así lo consideraban”.
Cuentas de AEON Group
Eleuberto Antonio Martorelli, Raymundo Trindade Serra y Ronny Loor Campoverde habrían pactado las coimas con los árbitros y funcionarios del MTC. “El dinero provendría de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, cuyo origen era completamente ilícito o para el pago de sobornos o dádivas”, precisa la disposición fiscal.
Fuente Diario Expreso
