El fujimorismo es la única tienda política en el Congreso que defiende a capa y espada al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y es la fuerza más entusiasta que quiere sabotear la propuesta del presidente Vizcarra de pedir la opinión del pueblo sobre reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, reelección de los congresistas, financiamiento privado de partidos y Bicameralidad.
El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo que los vínculos del fujimorismo con el polémico fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y demás fiscales cuestionados por presuntos actos de corrupción se deben a que el actual titular del Ministerio Público fue secretario de la exfiscal Blanca Nélida Colán, quien purgó condena por actos de corrupción durante el régimen de Alberto Fujimori.
“Ellos (los fujimoristas) tienen vinculación con Chávarry y todos esos fiscales; no se olvide que él ha sido secretario de Blanca Nélida Colán que fue la fiscal de la Nación del fujimorismo y que estuvo estrechamente vinculada a Vladimiro Montesinos”, sostuvo el congresista en entrevista al Diario UNO.
Asimismo, recordó que el Partido Aprista viene apoyando la posición del fujimorismo referida a la defensa de Chávarry.
Como “un error político” calificó el vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, la actitud del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien se reunió a mitad de semana con el cuestionado fiscal Chávarry, en el Parlamento.
Señaló que es un mal precedente, ya que el Legislativo lo investigará por mentir al país sobre la reunión con periodistas en la casa del empresario Antonio Camayo y por presuntamente haber entregado al suspendido juez César Hinostroza un documento que probaba no tener investigaciones en curso.
Su colega, Gloria Montenegro también cuestionó la reunión y dijo que la reunión entre Chávarry y Salaverry afecta a la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República.
“Ver a Pedro Chávarry pretendiendo legitimarse con el presidente del Congreso (Daniel Salaverry) lo que termina es afectando la institucionalidad tanto de la Fiscalía como del Congreso”, dijo Montenegro.
A esta posición se suma la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, quien también cuestionó la cita, y más aún cuando todas las bancadas a excepción del fujimorismo exigen la renuncia del cuestionado titular del Ministerio Público.
Fujimoristas defienden a Chávarry
Pese a las mentiras y contradicciones evidenciadas por el fiscal Chávarry, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, comentó que no se sumarán al supuesto “cargamontón” contra el titular del Ministerio Público.
“No veo un delito (…) Si tiene una falta ética, le corresponde al órgano de control (del Ministerio Público); tendrá que analizar (…) No estoy justificando; creemos en la independencia de poderes”, comentó Letona, en su encuentro con la prensa.
De este modo, el fujimorismo restó importancia a la nueva mentira de Chávarry, quien negó en forma rotunda haber sostenido una reunión en la vivienda del hoy preso empresario Antonio Camayo con periodistas, pero luego se vio obligado a admitirlo.
El fiscal de la Nación detalló el pasado viernes que no conocía a Camayo y que la reunión sí se hizo por gestión del suspendido juez superior César Hinostroza Pariachi.
Confundiendo el referéndum
En conversación con Diario UNO, el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, dijo no poder referirse a la elección del fiscal Chávarry, debido que es parte de la subcomisión que investigará el caso.
Sin embargo, calificó de “absurdo” y de “totalmente improcedente” la intención del fujimorismo de añadir preguntas en el referéndum planteado por el presidente Vizcarra, respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es absurdo; totalmente improcedente ya que los tratados internacionales no pueden someterlos a referéndum”, sostuvo.
Su colega, Yonhy Lescano, dice que el fujimorismo quiere hacer una trampa en el referéndum al pretender distraer la atención.
“Quieren (los fujimoristas) hacer una trampa en el referéndum, ya que se plantea una serie de reformas políticas y quieren distraer la atención por algo que está prohibido, me refiero a preguntar a la población sobre un tema de derechos humanos”, indicó.
Ernesto Toledo Brückmann
Diario Uno