A pesar de la percepción general de que el expresidente Alan García dispone de una red de influencias que lo protege de todo mal y peligro en el sistema de justicia y en el Congreso, no puede librarse del fiscal José Castellanos, quien lo investiga desde el 2015 como sospechoso de ser nada menos que cabecilla de una organización criminal parecida a la mafiosa camorra italiana.
El tercer despacho de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos a cargo de Castellanos, dispuso recientemente una completa revisión del origen del dinero con el cual él y sus más de 30 supuestos cómplices compraron los inmuebles que figuran en registros públicos a sus nombres.
Y cómo lo hace
En el caso de García, se revisarán las compras de casas realizadas por él y su esposa Pilar Nores y las sucesivas ventas de esos inmuebles y las compras de otros, lo cual arroja un conjunto de 21 operaciones.
El caso de la presunta organización criminal de AG, es uno de las tres investigaciones fiscales a las que actualmente está sometido el expresidente y dos de ellas se encuentran bajo la jurisdicción del equipo especial Lava Jato, aunque sin ninguna medida restrictiva.
Los otros dos son: Presuntas excesivas facilidades legislativas al proyecto Tren Eléctrico para favorecer a Odebrecht y el presunto aporte de US$ 200 mil de parte de la misma empresa brasilera para la campaña electoral del PAP, en 2006.
Con relación a estos dos últimos casos, el primero de los cuales está estrechamente vinculado al soborno de US$ 8.1 millones de dólares que Odebrecht ha reconocido que pagó al exviceministro de comunicaciones del régimen aprista 2006-11, Jorge Cuba, en las últimas semanas han surgido sólidos indicadores de actos que apuntan a evitar que el exmandatario AG sea implicado directamente.
Indicadores de encubrimiento
El primer indicador fue la demora e indecisión del primer equipo especial Lava Jato Perú, de aceptar la solicitud de colaboración eficaz del Miguel Navarro Portugal, recluido exasesor del viceministro Jorge Cuba Hidalgo.
Él ha ofrecido entregar el archivo digital de los procesos de adjudicación de los tramos 1 y 2 de del Tren eléctrico, que mostrarían las maniobras realizadas para el triunfo de Odebrecht.
Navarro habría enfilado hacia el expresidente Alan García, adelantando que el mandatario, por consejo de su pareja Roxanne Chessman, comadre de Cuba Hidalgo, lo nombró verbalmente principal operador de la ejecución de los dos concursos públicos para la adjudicación de las obras del Tren Eléctrico, y coordinaban directamente.
El segundo indicador de encubrimiento a AGP, es la insólita decisión del fiscal Sergio Jiménez de denegar y cerrar el proceso de colaboración eficaz que a lo largo de 18 meses desarrolló con el exviceministro Cuba Hidalgo. Jiménez hizo eso poco antes de renunciar al equipo especial Lava Jato, en julio último.
Cuba Hidalgo había prometido decirlo todo sobre el soborno recibido de Odebrecht y su distribución. Entre el comité de adjudicación de los contratos, solo distribuyó US$1.4 millones. El se quedó con US$2 millones y solo él sabe a quién entregó el resto de los US$ 8.1 millones.
También habría asegurado que revelaría lo del “Club de la construcción”, y los ilícitos en la adjudicación del proyecto del Gasoducto del Sur, todo eso durante el régimen de García Pérez.
El jefe del nuevo equipo especial unificado, fiscal Rafael Vela Barba, ha sometido a Sergio Jiménez a control interno por su decisión que echó por la borda largos meses de trabajo y ha anunciado su disposición a reabrir un nuevo proceso de colaboración eficaz, si es solicitado por Cuba.
Blindaje congresal
El tercer indicador es la reciente denuncia de que la presidente de la comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, cambió un informe de los asesores de ese organismo que, sobre el caso Tren Eléctrico, recomendaba acusar constitucionalmente a AGP y solicitar su encausamiento penal por una serie de hechos presuntamente ilícitos.
Bartra sometió a debate en la comisión un informe sustituto hecho por su gente de confianza, que concluía que no se había hallado responsabilidad alguna en la gestión de AGP, lo que en círculos parlamentarios se considera ya un caso de encubrimiento real.
Otro tema que alude a García Pérez en el caso Lava Jato, es el hallazgo de una serie de correos electrónicos entre altos ejecutivos de la constructora brasilera Camargo Correa, en los cuales discuten acerca de que debían de acercarse al entonces presidente, pues no podían imaginar hacer grandes obras en el Perú sin ese requisito. AG ha declarado que se trata de conversaciones entre brasileros que no concretaron sus intenciones, pero su credibilidad está muy devaluada.
Lo que no dijo es que durante su régimen Camargo Correa se adjudicó en consorcio, la planta de agua potable de Huachipa, a un costo de cerca de US$400 millones. La planta es hoy casi inútil y en 2009, la policía brasilera halló en un allanamiento de las oficinas de Camargo y Correa, una planilla de previsiones de “propinas” (coimas) para los proyectos Tramo 4 de la Transoceánica Sur (US4 6.2 millones) y para la planta de Huachipa (US$2.3 millones).
Danza de millones
Tren para Odebrecht
En mérito a una denuncia de la procuraduría del Estado, el equipo especial del caso Lava Jato – Perú, abrió investigación, según la ley de organizaciones criminales (Nº30077), a García Pérez, al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y al director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía sospecha que AGP y Cornejo habrían elaborado un marco legal exclusivo para la adjudicación y ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Tren Eléctrico, a fin de favorecer a Odebrecht.
La médula de este marco es el Decreto de Urgencia Nº 032-2009 que fue complementado por otras normas posteriores, incluyendo la designación de Plasencia Contreras como director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.
No obstante, la investigación de este tema parece estancada, pero el equipo especial unificado ha pasado a manos del fiscal José Pérez Gómez. Está relacionada con el caso del soborno de US$ 8.1 millones pagado por Odebrecht al ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo.
Elmer Olórtegui
Diario Uno, 11.09.2018
