El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, alias señora K, investigada por ser la cabecilla de una presunta organización criminal dentro del partido Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), medida que vence el 30 de octubre de 2021, tras una larga argumentación que mostró el terrible grado de aberración a que ha llegado ese partido y cómo tejió redes para copar el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La abogada de la imputada interpuso recurso de apelación a esta medida judicial, que evaluó la argumentación del fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras diez personas por los casos Cócteles y Lava Jato, el 19 de octubre. Los otros presuntos miembros de la organización criminal con pedido de prisión preventiva son Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y otros cinco investigados.
Como se sabe, los ladrones brasileños Odebrecht entregaban precoimas a los candidatos presidenciales de América Latina con altas probabilidades de ganar las elecciones, cuando éstos pactaban favorecer a Odebrecht, en caso de llegar a la presidencia, con licitaciones pisoteando a otros postores, en condiciones de sobrevaloraciones por millones o miles de millones.
Keiko Fujimori habría tramado hacerse pasar por perseguida política para pedir asilo en otro país
Hace más de una semana, Phillips Butters aseguró que dos países sudamericanos habrían ofrecido asilo a Keiko Fujimori, versión que apuntaría a una fuga, pues ninguna embajada ni un embajador se dedican a buscar a los acusados de corrupción para ofrecerles asilo, por tanto, sería ella o sus colaboradores los que habrían buscado el asilo.
Así las cosas, la medida del juez Carhuancho es muy oportuna y evitó que se consume la fuga, como tiene acostumbrado hacer la familia Fujimori: su padre y sus hermanos huyeron a Japón para escapar de los cargos de graves delitos de corrupción.
Por ello, la lectura de la resolución en torno al destino de Keiko Fujimori tomó por sorpresa a ésta y su defensa, pues parecían estar seguros de que el juez iba a concluir en unos días más con todos los 11 procesados antes de dictar las medidas sobre la procedencia de la prisión preventiva.
La audiencia debió comenzar a las 09:00 h, pero hubo demora de las partes y empezó a las 09:45 h. Entonces el juez comunicó que hoy iba a dictar decisión sobre el caso de Keiko Fujimori, anuncio que fue objetado por la abogada Giulliana Loza, quien incluso intentó dilatar o suspender la audiencia aduciendo que hoy se había recibido nueva documentación sobre algunos de los investigados, lo cual fue negado por el fiscal, pero el juez respondió que eso no era relevante para el caso Fujimori y que, en todo caso, él no estaba informado y se iba a centrar en este caso.
Las sospechas son graves
El juez sopesó la argumentación fiscal y señaló que sí existe sospecha grave sobre Keiko Fujimori y el delito de lavado de activos que se le imputa en calidad de líder de una organización criminal dentro de Fuerza 2011.
Señaló que tomó en cuenta las exigencias del Tribunal Constitucional (TC) en cuanto a que toda decisión judicial debe cumplir los estándares de una motivación cualificada y mencionó el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, donde el TC estableció que la motivación, respecto del requerimiento de prisión preventiva, debe ser una motivación completa y que el juez se debe pronunciar sobre todos los elementos de convicción.
Explicó que los defectos de motivación son la ausencia de motivación, cuando el juez no da razones; y la motivación aparente, cuando solo se da una apariencia y no se pronuncia respecto del caso concreto. Por ello fundamentó las razones por las cuales considera que existe sospecha grave contra Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos.
Sostuvo de manera fehaciente la sospecha grave de la existencia de una organización criminal dentro de de Fuerza 2011, cuyos fines eran obtener el poder político. “No se está criminalizando al partido político. Una cosa es el partido, y otra la organización criminal que se ha enquistado en dicho partido”, aclaró.
Citó al filósofo Antonio Pérez, quien afirma que el juez no solo debe interpretar la norma, sino también debe interpretar los hechos.
“En relación al núcleo, en la práctica, los que toman las decisiones del partido son Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva”, dijo y comentó que se encontró un oficio dirigido a Tulio Ayaipoma Nicolini, firmado por la congresista Rosa Bartra, un documento que corresponde a la Comisión Lava Jato, en el domicilio de Vicente Silva Checa, quien no es miembro del comité de Fuerza 2011. Se encontró información de contenido privilegiado, lo que pondría de manifiesto su presencia fundamental en la dirección del partido político.
“En un documento, encontrado en el inmueble de Silva Checa, se hace un estudio respecto a la estrategia legal a tomar sobre las imputaciones que se les realizaban”, argumentó y añadió: “Estamos perfilando, no solamente por el dicho del testigo 3, sino por el allanamiento e incautación de documentos en el domicilio de Vicente Silva Checa, que había un asesor que pertenecería a la cúpula de esta organización criminal”, manifestó.
Precisó que en los hechos, quien manejaba el dinero en efectivo era Adriana Tarazona y que los montos entregados a Rolando Reátegui para aportes fraudulentos, con falsos aportantes, eran entregados por ella.
Copamiento del poder para blindaje contra sus delitos. Chávarry. Hinostroza
Mencionó que un testigo protegido ha señalado que el partido político había decidido copar el Poder Judicial y el Ministerio Público, tener jueces amigos para librarse de problemas judiciales y “querían congraciarse con Hinostroza porque era operador de la Corte Suprema, por eso no incluyeron delito de organización criminal en la acusación constitucional”.
«Hay una cúpula que da las directivas. ¿A quiénes le dan las directivas? A los congresistas, por ejemplo, la de “blindar” a Hinostroza y a Chávarry».
Carhuancho explicó que las organizaciones criminales pueden actuar con aparatos legales e, incluso, con aparatos de prensa. “Se intenta demoler a los oponentes. Como es el caso de los "diarios chicha". Lo que no va con el estándar de una prensa independiente”, dijo.
Puso de relieve el caso de Pier Figari, quien da directivas a los demás interlocutores, lo cual permite delinear la estructura criminal y la cúpula enquistada dentro del partido político.
Señaló que un testigo protegido declaró que César Hinostroza logró reunirse con Keiko Fujimori, quien se quedó impactada por sus altos conocimientos.
Aseguró que Keiko Fujimori conocía las irregularidades de la empresa Odebrecht desde 2008, cuando se vieron las denuncias por la Interoceánica en el Congreso y recordó que los Estados Unidos informaron que, entre 2005 y 2014, Odebrecht habría pagado 29 millones de dólares en coimas a funcionarios peruanos.
Aclaró que la denuncia no comprende asuntos propios del partido político, ni las actividades de sus militantes, sino los asuntos específicos de lavado de activos.
Explicó que los testigos son un órgano de prueba de cara al esclarecimiento de los hechos; eso está en el derecho comparado. “Sus declaraciones pueden ser perfectamente valoradas”, dijo.
Expresó que la sospecha grave se sustenta porque los elementos de conviccion sobre los cuales se ha expuesto generan ese grado de cognoscibilidad, atendiendo a la fuerza de la declaración del testigo protegido, a la consistencia de su relato y la coincidencia de la fecha en que se habría recibido el dinero de Brasil, específicamente en lo que atañe a la colocación de estos momntos en las campañas políticas.
El pronóstico de pena es entre 10 y 13 años de prisión y agregó que no se puede reducir a menos del mínimo, porque no se han presentado circunstancias de disminución de la responsabilidad penal.
En cuanto al arraigo laboral, consideró que la acusada sí tiene arraigo ocupacional, porque es presidenta de Fuerza Popular. “Dirige un partido, esa sería su ocupación”, señaló y añadió que el hecho de tener los tres arraigos “no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia”, según se ha visto en otros casos, como el del Club de la Construcción.
Dada la gravedad de la pena, consideró probable y hasta natural que los imputados busquen eludir la acción de la justicia.
Lavado de activos
“Se advierte actos de ocultamiento y tenencia de dinero. Con el fin de legalizar el dinero a través de supuestas rifas y cocteles, convencieron a muchos ciudadanos de quebrar las normas”, indicó y agregó que se ha comprobado comportamientos procesales encaminados a entorpecer la investigación. “Hemos identificado, de manera objetiva, conductas procesales donde se habla de dilatar la investigación”, subrayó.
Puso de relieve que se está investigando un caso de lavado de activos en una organización criminal y que hay una estructura vertical, donde una cúpula decide todo, como demuestran los chats de “La Botica”.
Advirtió que «la interpretación contextual es que el Congreso de Fuerza Popular está dirigido por la investigada de Keiko Fujimori, por eso se habla de un “blindaje” a César Hinostroza».
“Es bien sabido que los casos que se ventilan en la Sala Penal Nacional podían llegar a la Suprema de Hinostroza. Estaban tratando de articular instituciones”, dijo y advirtió que “la intención era que el proceso parlamentario vaya con vicios a la vía judicial y sea favorable al denunciado César Hinostroza” y agregó que el testigo protegido señala que absolutamente todas las órdenes vienen de la cúpula. “Una cosa es impartir directivas de carácter político y otra cosa es sustraer de investigación a un individuo”, dijo.
El juez concluyó que “es intenso, alto, el peligro de fuga de esta investigada” y que la medida de prisión preventiva resulta ser proporcional.
