Parece que los tiempos en que la verborrea de Alan García impresionaba y convencía a todos, quedaron en el olvido. Porque AG y su séquito justificaron el pedido de asilo a la República Oriental del Uruguay, basándose en un supuesto pedido de detención preliminar, por parte del sistema judicial, que se iba a efectuar en su contra el lunes pasado.
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Sin embargo, Rafael Vela, fiscal superior y coordinador del equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato, calificó como falsa esta versión propalada por representantes del alanismo, en defensa de su jefe y del mismo AG.
“Nunca tuvimos pensado pedir una detención preliminar o prisión preventiva contra el expresidente Alan García. Eso es absolutamente falso”, aseveró Vela.
Esta fue la respuesta contundente del fiscal Vela a la mentira de García y sus dirigentes, que fue repetida ayer en una carta pública de Alan García, quien señaló que a través de “personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación” conoció que se iba a proceder con su detención preliminar el 19 de noviembre. El coordinador del equipo especial del caso Lava Jato indicó que el juez Juan Carlos Sánchez era la persona que iba a resolver este “pedido hipotético” de detención preliminar, pero no lo iba a admitir y los fiscales no lo iban a pedir.
“Faltan muchos elementos, pericias, declaraciones testimoniales fuera del país, etc. para cumplir con el estándar de la prisión preventiva. Todo es un invento, como argumento político, para el asilo”, enfatizó.
LA FALACIA
El exmandatario Alan García ha afirmado que se le iba a aplicar una medida de detención preliminar “para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable”.
Señaló que conoció esta información a través de “personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación”. Según la versión de García, en nuestro país se abusa de los procedimientos penales para “humillar a los adversarios políticos”.
Después de hacer público mediante su abogado, Erasmo Reyna, que se allanaba al impedimento de salida del país por ocho meses determinado por el juez Juan Sánchez, el pasado sábado por la noche, un sigiloso AG ingresó en la residencia del embajador uruguayo Carlos Barros, donde permanece desde entonces a la espera de una decisión del gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
ALGO MÁS
Asimismo, el Gobierno peruano entregó el martes al embajador de Uruguay una nota en que destaca que en el país rige el estado de derecho y la separación de poderes, y así busca desmentir la versión de García que alega ser víctima de una “persecución política”.
YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL, Diario Uno, 22.11.2018
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