Las tuberías que no duraron, sino que reventaron e inundaron un sector de San Juan de Lurigancho correspoden a un millonario contrato con los ladrones brasileños Odebrecht, firmado días antes de concluir el segundo gobierno de Alan García y ampliado, para dar a ganar más millones a los bresileños, durante el gobierno de Ollanta Humala.
 |
 |
El ministro de Vivienda, Javier Piqué, confirmó que la rotura no puede atribuirse a Sedapal, sino a la mala instalación por falla en el colector de aguas residuales, que fue reubicado en 2013 por un consorcio que integraban Odebrecht y la constructora Graña y Montero.
Esta reubicación se realizó como parte de la ejecución del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, obra que hoy es investigada por actos de corrupción en la licitación y por sobrecostos en la fase de construcción.
El contrato para construir el proyecto se firmó en julio de 2011, tan sólo días antes de que García deje el poder, por un monto de US$ 583 millones. Sin embargo, un año después, en noviembre de 2012, se suscribió una adenda que elevó su costo a más de US$ 900 millones.
Parte de ese grosero incremento, según consta en el documento, corresponde al pago adicional que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) le reconoció al consorcio para que libere interferencias, entre ellas el colector hoy dañado. Por esta clase de trabajos el consorcio cobró US$ 122 millones 419 mil 498.
Como se sabe, con detalles como este, los ladrones Odebrecht conseguían que se les amplíe el presupuesto por el mismo contrato, para incrementar su latrocinio. Por lo general los concursos los realizaban con menores montos, para así alzares con las licitaciones derrotando a postores que participaban con buena fe. Después, coludidos con el gobierno de turno, ampliaban con adendas los totales contratados.
Piqué informó que ha solicitado a Sedapal que verifique el estado actual de otras tuberías de estas mismas características, es decir, que hayan sido reubicadas durante la ejecución de obras mayores.
El ministro confirmó que el colector de SJL falló por un “proceso defectuoso de colocación” y añadió que se ha instalado una comisión investigadora para determinar responsabilidades.
La adenda firmada por este contrato señala que la AATE puede reclamar al consorcio una reparación por defectos que no fueron advertidos al recepcionar la obra. El plazo para hacerlo vence en 2020.
