La historia parece la continuación de El señor de la guerra (2005), película en la que Nicolas Cage encarnó al traficante de armas ruso Víktor Bout. Mucho después del estreno del largometraje, el empresario sería condenado por un juez neoyorkino a 25 años de cárcel por proveer de armamento a las FARC. No fue, sin embargo, el único negocio en el que estuvo metido Bout. Las autoridades búlgaras acaban de reportar que también se relacionó con una empresa que le vendió cohetes al Ejército peruano. Y esta es la historia.
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El 25 de junio de 2000, el gobierno de Trinidad y Tobago dispuso la intervención de un avión de transporte Ilyushin-76 que provenía de Bulgaria y se dirigía al Perú. Lo hizo porque encontró 5 mil cohetes de fragmentación aire-tierra C5KO, cuando la tripulación había declarado que llevaba medicinas. Se trataba de una compra secreta del Ejército peruano para abastecer a los helicópteros Mi-17 y parecía una operación muy importante, porque hasta el propio presidente Alberto Fujimori intervino para que Trinidad y Tobago permitiera que la aeronave continuara con su vuelo de destino, como efectivamente logró. Luego de casi 20 años, la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción recibió documentación oficial del gobierno de Bulgaria que demuestra que lo ocurrido fue una verdadera estafa.
Con la información proporcionada por las autoridades búlgaras, el fiscal encargado del caso, Juan Fernández Castillo, identificó un esquema de adquisiciones con sobreprecio en beneficio de vendedores de armadas asociados con el exasesor Vladimiro Montesinos y miembros de la cúpula castrense durante el régimen de Alberto Fujimori. El Ejército pagó 1 millón 825 mil dólares por 5 mil cohetes C5KO, pero el valor original en fábrica de los mismos explosivos fue de 700 mil dólares. Por lo tanto, se pagó 1 millón 125 mil dólares de sobrecosto. En el monto del sobrecosto se incluye el pago de coimas a todos los implicados.
Más que el monto en juego, lo más importante que deja en evidencia este caso es el sistema de compras ilegales a traficantes de armas que se repitió en todo el gobierno de Fujimori y Montesinos, y cuyas verdaderas dimensiones todavía son desconocidas.
Contacto en Sofía
Bulgaria suministró documentos que prueban que la compañía de armamento BM3 de Bulgaria, por intermedio de la exportadora del mismo país, Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ), vendió a la compañía búlgara KAS Engineering, representada por Roussi Houbanov Roussev, 5 mil cohetes C5KO al precio unitario de 140 dólares.
Ni BM3 ni VMZ vendieron el producto bélico directamente al Ejército peruano.
Como informó en su momento La República –en junio de 2000, cuando Trinidad y Tobago retuvo la aeronave con los cohetes–, la compañía limeña Wortra, que constituyó Orlando Almeyda Pachas, un perfecto desconocido en el ámbito de las adquisiciones militares, fue la que vendió los C5KO al Ejército peruano. Según el contrato, el precio pactado fue de 365 dólares por unidad. Este monto representa un sobreprecio de 225 dólares respecto al valor original.
En un proceso de licitación amañado, la empresa Wortra de Orlando Pachas se presentó como representante de la compañía búlgara Vazov Engineering Plants. Sin embargo, Pachas entregó al Ejército una constancia de la empresa KAS Engineering firmada por Roussi Houbanov Roussev, a quien presentó como representante de la fábrica de los cohetes aire-tierra.
Todo era un fraude
Vazov Engineering Plants no existe y KAS Engineering es una compañía de fachada.
En efecto, por intermedio de la Fiscalía Suprema de Casación de Bulgaria, el Servicio Nacional de Inteligencia de ese país (Natsyonalna Razuznavatelna Sluzhba, NRS) comunicó a la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción que en los registros búlgaros no aparece para nada Vazov Engineering Plants y que KAS Engineering es una empresa de “papel” gerenciada por Roussi Houbanov Roussev, pero cuyo verdadero propietario es el vendedor de armas búlgaro Peter Milchev. Este personaje es conocido porque trabajaba para el “mercader de la muerte” Víktor Bout, preso por traficar para las FARC.
Peter Milchev es acusado de haber usado KAS Engineering para vender armamento a terroristas africanos. Lo que quiere decir que estamos ante un segundo caso en el que Fujimori y Montesinos están implicados con organizaciones terroristas. Coincidentemente, en 1999, el mismo año de la compra de los cohetes búlgaros, Fujimori y Montesinos se relacionaron con el contrabando de fusiles Kalashnikov vendidos por Jordania al Ejército peruano pero que terminaron en manos de la FARC.
No estamos hablando de hechos coincidentes sino de un patrón.
La misma gente
En un primer proceso fueron absueltos todos los acusados, pero la Procuraduría Anticorrupción apeló y la Corte Suprema dispuso que se reabriera el caso porque no se había establecido el perjuicio al Estado por la compra de los cohetes búlgaros. En mayo de 2018, el expediente pasó a manos del fiscal Juan Fernández Castillo, quien luego de evaluar lo actuado, se encontró con que no existía información de las autoridades búlgaras sobre el caso, por lo que recurrió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNNUU) para solicitar asistencia judicial a las autoridades de Sofía.
Valió la pena y el tiempo que demandó la gestión.
Además de Montesinos, entre los implicados se cuentan los generales en retiro del Ejército José Villanueva Ruesta, Roguer Burgos León y Luis Delgado de la Paz, compañeros de promoción del exasesor en la Escuela Militar de Chorrillos. También en algún momento participó el general EP Óscar Villanueva Vidal, quien se suicidó en 2002 cuando se preparaba para declarar como colaboración sobre todas las compras ilícitas de armamento aprobadas por Fujimori y ejecutadas por Montesinos y la cúpula. También está procesados el coronel EP en retiro Carlos Milicich Torres.
La fiscalía pudo establecer que para el pago por los cohetes búlgaros, el representante de Wortra señaló una cuenta en el desaparecido Banco Exterior de Panamá (BEX), a nombre de la “offshore” Wisner Overseas, constituida en Ciudad de Panamá. Los propietarios de la empresa de fachada eran los hermanos Enrique y Óscar Benavides Morales, señalados por las autoridades como parte de la red de vendedores de armas al servicio de Fujimori, Montesinos y la cúpula militar.
La indignación podría estimular a los lectores a mandar al infierno a los autores de la estafa descrita en estas páginas. Pero, como diría Yuri Orlov, el personaje que simula a Víktor Bout en la película El señor de la guerra, sería inútil: “Para qué mandarlos al infierno, si ya están en él”.
Desde Palacio de Gobierno, Fujimori dirigió todo
– Por orden del exmandatario Alberto Fujimori, la Cancillería presionó fuertemente desde la embajada peruana en Venezuela sobre el gobierno de Trinidad y Tobago, y desde la representación en Grecia, sobre el Estado de Bulgaria, para conseguir que el avión de la empresa Jetline International, con sede en Moldavia, siguiera rumbo al Perú con el cargamento de cohetes aire-tierra para el Ejército.
– En uno de los documentos de la Cancillería, se les pide a las autoridades trinitarias “interceder ante el Ministerio de Seguridad Nacional a fin de lograr que el avión de la empresa Jetline International pueda reemprender viaje hacia su destino final, el Perú”.
– Según reportes de inteligencia de Estados Unidos, Inglaterra y de las Naciones Unidas, Jetline International es una de las compañías con las que operaba Víktor Bout para sus operaciones de contrabando de armamento, la compañía por la que abogó el propio Fujimori.
La República, 20.01.2019
