La detención detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ejecutada el día de hoy por el Poder Judicial en atención a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez responde a indicios sobre su responsabilidad en el favorecimiento a la empresa Odebrecht para ganar la buena pro de las concesiones IIRSA Sur, tramo 2 y 3 y Trasvase Olmos, con el fin de obtener beneficio económico.
La Fiscalía argumenta que cuando Kuczynski fue ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), aprobó normas para favorecer a Odebrecht en las citadas concesiones.
La resolución del titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señala que Kuczynski habría impulsado esas normas para beneficiar a su empresa, Westfield Capital, en la contratación de la estructura financiera que debía crearse, para ajustarse a las bases, tras las concesiones.
Con ese objetivo, Kuczynski ayudó a materializar el “acuerdo corruptor” entre Jorge Barata, cabecilla en el Perú de los ladrones brasileños de la empresa Odebrecht, y el expresidente Toledo, con la finalidad de que Odebrecht ganara la concesión del proyecto IRSA Sur, Tramo 2 y 3.
Para ello, Kuczynski introdujo “conceptos técnico económicos” en la relación contractual Estado-empresa, con la finalidad de que la constructora brasileña favoreciera luego sus intereses privados.
La Fiscalía imputa a Kuczynski el delito de lavado de activos, agravado por actuar en el marco de una organización criminal, por hechos ocurridos cuando fue ministro de Economía y Finanzas (MEF) y presidente del Consejo de Ministros, entre 2002 y 2006.
Adicionalmente, indica que en el año 2007, una vez otorgadas las concesiones a Odebrecht, la empresa Westfield Capital, de la cual es socio fundador, recibió transferencias de las concesionarias IIRSA Sur, tramo 2 y 3 y Trasvase Olmos. Con esas transferencias, según la fiscalía, Kuczynski adquirió su casa ubicada San Isidro y pagó sus cuentas bancarias.
Según la Fiscalía, hay una fuerte posibilidad de fuga y obstaculización de la justicia por la solvencia económica de Kuczynski y la alta probabilidad de ser condenado. A ello se suma la posibilidad de ocultar elementos de prueba e influir en la contadora de Westfield Capital, cuando no se ha determinado el monto exacto de las transferencias recibidas de Odebrecht.
