A medida que se conocen nuevos detalles de los avances en las pesquisas, más se complica la situación de Nadine Heredia Alarcón. Una disposición que amplía la investigación preliminar del caso Gaseoducto Sur Peruano (GSP), emitida por la fiscal Geovana Mori Gómez, del Equipo Especial “Lava Jato”, refiere que antes de llegar al poder la ex “pareja presidencial” se reunió con orge Simoes Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, con el fin de establecer un “plan criminal” relacionado con la ejecución del mencionado proyecto.
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Dicho documento cita la manifestación del testigo reservado con clave TR-01-3D2FPCEDCF-016, quien afirmó a la representante del Ministerio Público (MP) que entre los años 2006 y 2011 el matrimonio Humala-Heredia dialogó en persona con el exdirectivo de la constructora hasta en seis ocasiones.
“En estas circunstancias, se llevó a cabo una reunión, entre los tres primeros meses del año 2011, participando el candidato presidencial Ollanta Humala Tasso conjuntamente con su esposa Nadine Heredia Alarcón y, por otro lado, Jorge Henrique Simoes Barata, siendo que en esta reunión se establece el plan criminal para cambiar el proyecto Gaseoducto Andino del Sur, de iniciativa privada, a una Asociación Público Privada (APP), tanto que el grupo Odebrecht tenía un interés prioritario en proyectos vinculados al gasoducto. Idea criminal que luego fue materializándose en los hechos”, reza la resolución.
La disposición de la fiscal Mori Gómez incluye también la versión que dio a conocer ayer Correo, respecto a que la coordinadora parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Malka Maya Albarrín, tuvo un rol protagónico en la exitosa y rápida aprobación (ver infografía) por parte del Parlamento de la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, la 29970, que otorgó el marco legal que hizo posible el proyecto del gasoducto que se adjudicó luego al consorcio integrado por Odebrecht.
Más cuestionamientos
Como si todo esto fuera poco, la fiscal Geovana Mori narró también parte del cuestionable proceso mediante el cual la brasileña obtiene la buena pro. Una de las principales observaciones se refiere a que dicha licitación le correspondía al Comité de Pro Conectividad de ProInversión.
Pese a ello, se creó el Comité Pro Seguridad y se le encargó a este el concurso público respectivo.Este último organismo fue presidido por Edgar Ramírez Cadenillas, quien entre otros antecedentes laboró para el grupo empresarial Kúntur (el que estuvo encargado del proyecto inicial, el Gasoducto Sur Andino) “y para Odebrecht en repetidas oportunidades, como puede verse en su currículo”, destaca la disposición del Ministerio Público.
Fue precisamente este último grupo de trabajo el que descalificó al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por Gasoducto del Sur S.A., Tecpegas, GDF South Peruvian Gas Pipeline y Transportadora de Gas Internacional), único competidor del conglomerado integrado por Odebrecht, debido a una observación “subsanable”.
La firma fue eliminada por cambiar el porcentaje de participación de sus socias, lo que, sin embargo, no variaba los nombres de sus integrantes, lo que prohibían las bases. Pese a que el Comité Pro Seguridad le dio plazo hasta las 9:30 a.m. del 30 de junio del 2014 para que sustente su versión, una hora antes la descalificaron.
Correo, 12.07.2019
