El Congreso, en sesión plenaria, aprobó por amplia mayoría (81 votos), modificar los artículos 359-A, 359-B y 359-C del Código Penal que tipifica el delito de financiamiento ilegal de las organizaciones políticas y en los que se incluye, también, sanciones de tipo administrativas. El texto debatido fue trabajado por las Comisiones de Justicia y de Constitución. Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, estuvo de acuerdo con el dictamen y propuso que la reforma debería ser completada con la inclusión de normas administrativas.
Rosa Bartra, presidente de la segunda comisión, explicó en su intervención final que el lavado de activos es un agravante en las acciones de los partidos políticos y son penados con 500 UIT.
Dijo que no se podía equiparar a un partido con ese agravante, es algo en el que nadie está de acuerdo, expresó, y que no se podía acoger a los partidos políticos como una organización criminal. “El delito de lavado de activos es autónomo”, afirmó.
Anunció algunas de las modificaciones al texto inicial, entre ellas al artículo 359 C. Se modificó para que las sanciones no afecten a los partidos políticos con menores ingresos. Los aportes fueron fijados en dos UIT, en lugar de cuatro UIT. Se precisó que es una legislación de tipo penal y que los aportes menores de las dos UIT enfrentarán también un proceso penal.
De otro lado, está prohibido el financiamiento de las ONG hacia los partidos políticos excepto para la capacitación.
Rosa Bartra dijo que la Ley Orgánica de los Partidos y Organizaciones Políticas merece un análisis y tratamiento integral, “hay que descartar legislar por parches y se pretende sobreregular”. Informó que el compromiso de la Comisión de Constitución en la próxima legislatura será abocarse de inmediato a debatir la Ley de Financiamiento de los Partidos.
Puesto al voto el dictamen, 106 congresistas marcaron asistencia. Se aprobó con 81 votos, 11 en contra y 12 abstenciones. Se le exoneró de segunda votación con 83 votos.
Dado el alto número de congresistas presentes, el presidente Daniel Salaverry decidió que se vote el dictamen sobre la reforma constitucional de los artículos 34 A (nuevo) y 39 sobre impedimentos para ejercer la función pública, que quedó pendiente horas antes y que fue diferido para mejores condiciones de asistencia.
El titular del Congreso anunció que se necesitaba de un alto número de parlamentarios presentes porque se trataba de una reforma de la Carta Política. Puesto al voto y con la asistencia de 106 parlamentarios, la primera votación alcanzó el mínimo exigido: 87 votos a favor. Hubo 16 en contra y 2 abstenciones. La segunda votación se realizará en la próxima legislatura 2019-2020.
La sesión vespertina continuó sobre el financiamiento ilegal de los partidos políticos. La congresista Marisa Glave propuso que se incorpore como delito las donaciones respecto de los bienes con medida cautelar. Gilbert Violeta dijo que el proyecto cerraba un capítulo más respecto al tema de financiamiento. “Los partidos políticos estamos siendo supervisados por la ONPE, se debe permitir que las organizaciones políticas adopten un sistema de cumplimiento.
Marco Arana afirmó que el financiamiento debe estar fuera del negocio y de las propuestas privadas y debe ser público. “No es posible que los aportes anónimos sea de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esto no debe aprobar”, dijo.
Luego, los parlamentarios Clayton Galván y Rogelio Tucto coincidieron en que la propuesta va a ordenar sobre los aportes. Su colega Humberto Morales señaló que los políticos tienen que defender una posición ideológica, pero remarcó que el financiamiento en los partidos políticos debe ser fiscalizado.
El congresista oficialista Jorge Meléndez Celis (PpK) planteó un cuarto intermedio para que se analice sobre los aportes de las 4 UIT. La misma opinión tuvo su colega Hernando Cevallos: propuso que el financiamiento debe ser público y no privado.
Mario Mantilla propuso que la presidenta de la Comisión, Rosa Bartra, incluya la prohibición de aportes de las ONG “de izquierda”, a lo que el congresista intervino para que se incluyan a todas, también ONG “de derecha” y otras de tinte “facho”, como “Con mis hijos no te metas”, frase que molestó al congresista Moisés Heresi y pidió que retire el adjetivo.
A su vez, Manuel Dammert comentó que la franja electoral debe ser financiada por el Estado. Dijo que había un problema sustantivo en el origen de los fondos y en este aspecto establecer normas obligatorias para funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, ministros, congresistas, gobernadores y autoridades de instituciones constitucionales y autónomas. Propuso que se norme la prohibición de tener cuentas en paraísos fiscales (off shore) hasta después de 24 meses de haber dejado el cargo.
