Rómulo León Romero fue citado por el Ministerio Público a fin de brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso “Los Intocables Ediles”. El hermano de la excongresista aprista Luciana León participará así de la diligencia de deslacrado de sus bienes que le fueron incautados el pasado 22 de octubre. Según información difundida por el sitio web de Perú21, las diligencias tuvieron que ser reprogramadas hasta en tres oportunidades por el fiscal Reynaldo Abia. Esto, debido a que la defensora de Rómulo León, Lisbeth Santisteban, lo solicitó reiteradas veces. La última de ellas, la abogada afirmó que Léon Romero se encontraba enfermo y no podría asistir al interrogatorio.
Como se recuerda, en el allanamiento a la vivienda de Rómulo León se hallaron documentos con el membrete de la empresa Odebrecht. Además, se encontraron archivos relacionados al caso Línea Amarilla, obra construida por la compañía OAS y que está comprendida en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato. Otros documentos incautados a León Romero están relacionados al caso Petroaudios, en el cual estuvo involucrado su padre Rómulo León Alegría.
Rómulo León Romero fue citado por el Ministerio Público a fin de brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso “Los Intocables Ediles”. El hermano de la excongresista aprista Luciana León participará así de la diligencia de deslacrado de sus bienes que le fueron incautados el pasado 22 de octubre. Según información difundida por el sitio web de Perú21, las diligencias tuvieron que ser reprogramadas hasta en tres oportunidades por el fiscal Reynaldo Abia. Esto, debido a que la defensora de Rómulo León, Lisbeth Santisteban, lo solicitó reiteradas veces. La última de ellas, la abogada afirmó que Léon Romero se encontraba enfermo y no podría asistir al interrogatorio. Como se recuerda, en el allanamiento a la vivienda de Rómulo León se hallaron documentos con el membrete de la empresa Odebrecht.
Además, se encontraron archivos relacionados al caso Línea Amarilla, obra construida por la compañía OAS y que está comprendida en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato. Otros documentos incautados a León Romero están relacionados al caso Petroaudios, en el cual estuvo involucrado su padre Rómulo León Alegría. INVESTIGACIONES NO SE DETENDRÁN Por otro lado, la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de apelación presentado por la excongresista aprista contra la orden judicial de allanamiento, permitirá no solo mantener y validar el material incautado, sino también sienta un precedente para futuros allanamientos y otras medidas que se consideren necesarias durante el marco de las investigaciones preliminares a altos funcionarios. En cuanto al caso de “Los Intocables Ediles”, hay que recordar que según la tesis fiscal, Luciana León era el brazo político de una red criminal liderada por el empresario Alexander Peña Quispe y el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista. Precisamente, con Peña Quispe, León habría tenido “un récord de llamadas telefónicas”, según lo declarado en su momento por el fiscal Reynaldo Abia. Hay que indicar que según uno de los relatos consignados la resolución judicial que autorizó los allanamientos a los inmuebles vinculados a Léon, la exparlamentaria y su asesora Betsy Matos habrían recibido pagos en efectivo por S/ 15 mil y S/ 20 mil soles. El dinero habría sido entregado por Alexander Peña Quispe, uno de los cabecillas de la organización criminal, a cambio del apoyo con la gestión del financiamiento en las obras públicas y adquisición de servicios. Entre esas gestiones, se cuenta la presunta gestión realizada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que este apruebe el presupuesto solicitado por la Municipalidad de La Victoria para la compra de patrulleros. Según la Fiscalía, una empresa de Peña Quispe habría sido beneficiada con dicha compra. POSIBLES SANCIONES Acerca de las posibles sanciones que podrían caer sobre la excongresista en caso de ser hallada responsable de los delitos que se le imputan, se debe considerar que por formar parte de una organización criminal, el artículo 317 del Código Penal señala penas de hasta 15 años. En cuanto a la acusación de tráfico de influencias agravada por su condición de congresista de la República, la pena puede ser de hasta 8 años. ALGO MÁS Finalmente, el escenario menos deseado por León sería el de un concurso real de delitos: ahí la suma de las condenas podría llegar a 23 años de prisión efectiva. JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
INVESTIGACIONES NO SE DETENDRÁN
Por otro lado, la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de apelación presentado por la excongresista aprista contra la orden judicial de allanamiento, permitirá no solo mantener y validar el material incautado, sino también sienta un precedente para futuros allanamientos y otras medidas que se consideren necesarias durante el marco de las investigaciones preliminares a altos funcionarios.
En cuanto al caso de “Los Intocables Ediles”, hay que recordar que según la tesis fiscal, Luciana León era el brazo político de una red criminal liderada por el empresario Alexander Peña Quispe y el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista. Precisamente, con Peña Quispe, León habría tenido “un récord de llamadas telefónicas”, según lo declarado en su momento por el fiscal Reynaldo Abia.
Hay que indicar que según uno de los relatos consignados la resolución judicial que autorizó los allanamientos a los inmuebles vinculados a Léon, la exparlamentaria y su asesora Betsy Matos habrían recibido pagos en efectivo por S/ 15 mil y S/ 20 mil soles. El dinero habría sido entregado por Alexander Peña Quispe, uno de los cabecillas de la organización criminal, a cambio del apoyo con la gestión del financiamiento en las obras públicas y adquisición de servicios.
Entre esas gestiones, se cuenta la presunta gestión realizada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que este apruebe el presupuesto solicitado por la Municipalidad de La Victoria para la compra de patrulleros. Según la Fiscalía, una empresa de Peña Quispe habría sido beneficiada con dicha compra.
POSIBLES SANCIONES
Acerca de las posibles sanciones que podrían caer sobre la excongresista en caso de ser hallada responsable de los delitos que se le imputan, se debe considerar que por formar parte de una organización criminal, el artículo 317 del Código Penal señala penas de hasta 15 años. En cuanto a la acusación de tráfico de influencias agravada por su condición de congresista de la República, la pena puede ser de hasta 8 años.
ALGO MÁS
Finalmente, el escenario menos deseado por León sería el de un concurso real de delitos: ahí la suma de las condenas podría llegar a 23 años de prisión efectiva.
JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Diario Uno, 15.11.2019
