Este Congreso está demostrando tener un nivel tan bajo como antes ocupándose de la aprobación de normas que no benefician al desarrollo del Perú, sino que más bien buscan que el país se atasque en el subdesarrollo, como es la ley que formaliza el transporte público en automóviles colectivos.

 

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Aunque no han publicado la lista individual de las votaciones, las sumatorias fueron 115 a favor, 10 abstenciones y sólo 4 en contra. El virus del subdesarrollo es generalizado en este parlamento. En vista de que estos sujetos no quieren transparencia pública en su declaración de intereses, ¿cuántos están vinculados con estas empresas de transporte?

Vemos que ha cambiado sólo el estrato social de los lobbies que aprueban leyes para favorecer a sus clientes políticos, pisoteando los intereses nacionales. Ya es conocido lo que son estos colectivos: desorden, obstrucción al tráfico, inseguridad, etc.

Como si fuese un gran avance, excluyen a Lima de esta pésima ley, como si todas las demás regiones merecieran hundirse en el caos de transporte, con el agravante de que en plena pandemia del coronavirus este servicio propiciará el contagio, y aunque acabe la pandemia, siempre existirá la posibilidad de contagio de otras enfermedades.

La Ley 28972 incluye a unidades de clasificación M2, para zonas rurales y urbanas establecidas por el Decreto Supremo 058–2003- MTC, vehículos con más de ocho plazas, excluida la del conductor, cuya masa máxima no supere las cinco toneladas, diseñados y fabricados para transporte de pasajeros.

Un ejemplo del atraso para el desarrollo del país para servir a intereses oscuros en transporte fue la oposición de los huancaínos a desarrollar la vía férrea para conectar su región con Lima para pasajeros y cargas, todo porque afectaba a los intereses de los camioneros. Ningún congresista ni candidato le dio importancia y ahora tenemos una Carretera Central que es deplorable.

Hay cientos de leyes que se necesitan para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos, pero eso no interesa a este Congreso maloliente, por lo cual se espera que el Poder Ejecutivo observe esta ley.