El Pleno aprobó este sábado 23 delegar facultades al Poder Ejecutivo para que legisle durante siete días en materia penal, procesal penal penitenciaria y de justicia penal juvenil, para deshacinar los centros penitenciarios en lucha contra el coronavirus COVID-19.
El registro de la votación fue el siguiente: 92 a favor; cinco en contra y 32 abstenciones. Una nueva consulta a los asambleístas, que obtuvo 89 votos a favor, siete en contra y 30 abstenciones, la exoneró de una segunda votación, con lo cual la dejó expedita para ser promulgada para el Poder Ejecutivo.
La votación dividió a algunas bancadas en su interior y ese fue el caso de Podemos Perú y Unión por el Perú. Las de Somos Perú y Frepap se abstuvieron en su totalidad. Acción Popular, Partido Morado, Frente Amplio, Acción Popular, Fuerza Popular y Acción para el Progreso, fueron unánimes en su aprobación.
Fue horas después de recepcionar un pedido del Poder Ejecutivo en ese sentido, y acordar en Junta de Portavoces la ampliación de la agenda del Pleno y recibir al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, para que sustenten su propuesta.
La exposición de los motivos fue hecha después de las 22:00 horas en que fueron citados los representantes del Poder Ejecutivo, quienes pidieron al Congreso su apoyo en la lucha contra la pandemia.
Castañeda Portocarrero se refirió a las acciones realizadas por ese sector en los centros penitenciarios del país frente a la pandemia como el establecimiento de medidas de higiene, fumigación y distribución masiva de útiles de aseo.
También el aislamiento con la instalación de módulos y la distribución de medicinas con recursos del Estado, de las familias y de los consulados.
Dijo que no será el Poder Ejecutivo el que aplique las medidas de liberación de los internos, sino los jueces de acuerdo a su evaluación y criterio.
Indicó que en la actualidad 836 internos por delitos de omisión de asistencia familiar han salido acogiéndose a un dispositivo existente, después de pagar sus deudas; 214 adultos mayores que han sido objeto de medidas socioeducativas.
Así también 71 internos han sido excarcelados después de varias su situación penal.
Pero dijo que lo que falta son los procesados por delitos menos lesivos en los que han incurrido unas diez mil personas, en las que están exceptuados delitos graves como homicidios, feminicidio, secuestro, sicariato, terrorismo, entre otros.
Después de sus explicaciones, se desarrolló el pronunciamiento por parte de los parlamentarios de distintas bancadas, quienes en su mayoría cuestionaron, entre otros aspectos, la falta de una política pública penitenciaria y de un accionar a destiempo frente a la dramática situación penitenciaria.
También hubo quienes adelantaron su apoyo a la delegación de facultades, pero sin extender un cheque en blanco por lo que plantearon el establecimiento de un control para proteger la seguridad ciudadana.
El congresista Luis Roel (AP) pidió apoyar el pedido de delegación de facultades porque el Congreso no es un poder obstruccionista; Guillermo Aliaga (SP) señaló que los congresistas no han llegado al Parlamento para liberar presos, pero que son respetuosos de los derechos humanos, y que serán los jueces los que tienen que analizar los casos. ”Las víctimas no deberán sentirse desprotegidas”, anotó.
La congresista Martha Chávez (FP) pidió aclarar algunos términos, como el referido a los delitos de menor lesividad; María Cabrera (PP) recomendó prudencia en el deshacinamiento de las cárceles, realizar un censo y evaluar si los presos no revisten peligrosidad.
Omar Chehade (APP) cuestionó la gestión del titular de Justicia en torno a las condiciones de los penales; Lenin Checco (FA) preguntó cuál es la política pública de prevención y manifestó que no darán carta blanca para que salgan los corruptos.
Daniel Oseda (FREAPAP) consideró que le corresponde al Poder Ejecutivo la tarea en discusión y que no darán un cheque al blanco «porque la medicina puede ser peor que la enfermedad». Por ello, planteó como «candado», medidas de seguimiento para que no se afecte la seguridad ciudadana
Al término de los cuestionamientos, exigencias y planteamientos de los legisladores, el ministro dijo haber escuchado las demandas, hizo algunas aclaraciones y manifestó haber recogido los aportes respectivos.
LA PROPUESTA
El titular de la PCM dijo que “la propuesta no trata del otorgamiento de facultades en forma ligera a fin de liberar las cárceles y para que haya menos internos, sino que ésta viene impregnada de criterios técnicos, jurídicos y sociales, los que darán oportunidad de corregir falencias que se han arrastrado por décadas”.
El proyecto nro. 5326 plantea delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante siete días calendario sobre materias penales en particular en lo que se refiere a revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios.
Entre los beneficios considera la conversión de penas, vigilancia electrónica personal, redención de penas y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas por delitos de menor lesividad.
Para ese efecto, propone medidas, procedimientos y mecanismos excepcionales para impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación que afecta al Sistema Nacional Penitenciario y al Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto de la ley penal para evitar el contagio masivo del virus de las personas privadas de libertad, de los servidores que trabajan en los establecimientos penales, centros juveniles y de la ciudadanía.
