El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría (113 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones) dejar sin efecto el proceso de elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea y Manuel Sánchez-Palacios Paiva como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) efectuado en la sesión plenaria del 30 de setiembre del 2019.
La aprobación de la reconsideración, obligó al Pleno a volver a votar la elección de cada uno de los mencionados postulantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 201 de la Constitución Política del país y el artículo 8 de la ley Orgánica del TC. En ambas votaciones, el voto en contra fue unánime (128 votos).
La reconsideración aprobada fue planteada el 30 de setiembre pasado mediante una moción presentada por los congresistas de ese entonces Patricia Donayre Pasquel, Indira Huilca Flores, Clemente Flores Vílchez y Gino Costa Santolalla (hoy reelecto), para solicitar que se reconsidere las votaciones de las elecciones de los miembros del TC, realizadas ese mismo día.
Precisamente, uno de los congresistas que suscribió la moción, Gino Costa Santolalla (Partido Morado) informó que el Congreso de la época no tramitó el recurso, y tampoco una impugnación presentada por la bancada del Frente Amplio, y cuando el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos se presentó ante el TC, le informaron que su elección carecía de valor ya que no se había tramitado la reconsideración.
“Para terminar este capítulo”, dijo, “necesitamos votar esta reconsideración para no validar la elección del señor Ortiz de Zevallos y volver a realizar un nuevo proceso de selección”.
El parlamentario Luis Roel Alva (Acción Popular) indicó que la elección de magistrados ha sido severamente criticada por la ciudadanía y hasta por organismos internacionales. Mencionó dos casos parecidos en el pasado, y planteó que este proceso de elección debe regirse por el principio de la meritocracia.
“Hoy día debemos empezar a construir esa confianza, con la reconsideración de esta elección, y luego dejar sin efecto esta elección”, puntualizó.
La congresista Nelly Huamaní Machaca (Frepap) expresó que el proceso de selección de magistrados al Tribunal Constitucional debe ser abierto a la sociedad, para que la ciudadanía conozca, con transparencia, el historial de cada postulante y sus relaciones con estudios jurídicos o grandes empresas.
Cuestión previa
Antes de llegar a esta decisión, la congresista Martha Chávez Cossío (Fuerza Popular) presentó una cuestión previa para que el Oficial Mayor informe al Pleno del Congreso si la reconsideración aludida se presentó antes o después de que se dispensara del trámite de aprobación el acta de la sesión del 30 de setiembre.
De acuerdo con el criterio de la parlamentaria, el dato era de vital importancia, pues, según el segundo párrafo de del artículo 58 del Reglamento del Parlamento, “no se puede presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o de la dispensa de dicha aprobación”. “Esa es una condición de procedibilidad de las mociones”, aseguró.
Para reforzar su punto de vista, el congresista Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular) sostuvo que no se podía estar por encima de la ley y la Constitución. Por ello, si se pretendía reconsiderar un hecho, “tenemos que ver si la reconsideración procede o no. Ese es el problema de fondo”.
En contraparte, el legislador Carlos Almerí Veramendi (Podemos Perú) incidió en la defensa de la soberanía del Parlamento nacional. “Si hay una duda, si se aprobó o no, también hay una práctica parlamentaria que va más allá que el Reglamento. Por ello podemos tomar una decisión que va más allá de cualquier especulación”, manifestó.
Elección del 30 de setiembre
Como se recuerda, el Parlamento nacional llevó a cabo, en la sesión del 30 de setiembre de 2019, la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, de acuerdo con la propuesta de candidatos a dicho órgano jurisdiccional efectuada doce días antes por la Comisión Especial encargada de seleccionar a los postulantes.
La controversia suscitada por este proceso, produjo que ese mismo día el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces cuestionara la falta de transparencia de la labor de la Comisión Especial y procediera a formular una Cuestión de Confianza en relación a la aprobación de un proyecto del Ejecutivo de reforma en la Ley Orgánica del TC, y a la paralización del procedimiento de elección de los magistrados.
Planteada la cuestión de confianza, el entonces presidente del Congreso, Pedro Olaechea dio inicio a la votación de las candidaturas a magistrados del Tribunal Constitucional, de los señores Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea y Manuel Sánchez-Palacios Paiva, siendo elegido solo el primero.
Finalmente, al finalizar la tarde, el presidente de la República disolvió el Congreso de la República, por «denegación fáctica» de la Cuestión de Confianza.
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