El Ejecutivo acordó con las clínicas privadas una tarifa plana de S/ 55 mil por cada paciente con COVID-19. Así, la aparente firmeza del presidente Vizcarra terminó aceptando un pago que supera largamente los costos máximos estimados por el SIS.
Tras el histriónico ultimátum que el Ejecutivo dio a las clínicas privadas para lograr un acuerdo de reducción de precios para pacientes con Covid-19, ayer en la madrugada representantes del gobierno y del empresariado acordaron disponer una tarifa única de S/ 55 mil por cada paciente. Esto generó diversas críticas en tanto se acepta un pago superior a lo estimado por el SIS, a pesar de que la ley faculta al gobierno para disponer de los recursos médicos privados.
PURO SHOW
La lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuestionó en redes sociales que el Ejecutivo invoque el artículo 70 de la Constitución tras cien días de negociaciones con las clínicas privadas para que al final el presidente Vizcarra termine aceptando la “tarifa social” de S/ 55 mil, así el paciente se quede uno o veinte días internado. Además, recordó el SIS había calculado en S/ 34 mil el monto máximo a pagar por el tratamiento, y que el gobierno pudo haber aplicado desde el primer día el artículo 82 de la Ley General de Salud, el cual faculta al Estado en casos de epidemia a utilizar todos los recursos médicos públicos y privados. “Puro show”, escribió en Twitter.
Mendoza manifestó que lo mínimo que se puede exigir al gobierno ahora es que se transparente la estructura de costos de las clínicas y se precise mecanismos de supervisión del intercambio prestacional para que no se convierta en una “jugosa transferencia” de recursos públicos al capital financiero en salud, que además ya recibió varios millones de soles en el marco del programa Reactiva Perú.
CONTINUISMO NEOLIBERAL
Por su parte, el excongresista y líder del Frente Amplio, Marco Arana, consideró que la actuación del presidente Vizcarra al dar un plazo de 48 horas a las clínicas fue más bien una declaración para la platea. “No representa un giro ni un cambio en el continuismo de las políticas de libre mercado, en el sentido de que en realidad el presidente no está defendiendo el derecho a la salud, y esto es concordante con otros elementos. Por ejemplo, ante la acaparación de medicamentos, el propio Ministerio de Economía y Finanzas se opuso a la ley contra el acaparamiento y la especulación; y el ministro de salud señaló que las leyes impiden que se pueda regular precios como ocurre en Colombia, Brasil y Bolivia”, señaló.
Arana consideró que existe una correspondencia del gobierno con un conjunto de políticas que han convertido a la salud en una mercancía, y que lo que se privilegia en el Perú es el lucro y la ganancia por encima del derecho a la salud. “La declaración de ayer no ha sido sino un mensaje para recuperar cierta popularidad que, de acuerdo a los resultados que el gobierno va teniendo, ya comienza a ser cuestionada por la ciudadanía”, comentó.
El exparlamentario recordó que el gobierno chileno ya intervino los centros de salud privados, siendo Chile el primer país en impulsar políticas neoliberales en la región. Sin embargo, cuestionó que en el Perú se pongan tantas trabas desde el propio gobierno para garantizar el derecho a la salud, lo que calificó de “una burla para el país”.
VIZCARRA TERMINARÁ INVESTIGADO
“Hay que preguntarse si Vizcarra terminará siendo el presidente del continuismo de la política neoliberal, o si tendrá que ser investigado por conflictos de intereses, por corruptela relacionada con grandes grupos económicos, y por permitir que su administración propicie la salud y el dinero público terminen en manos de empresas que especulan, acaparan y violan el derecho a la salud”, agregó.
También advirtió la posibilidad de que el acuerdo del gobierno con las clínicas privadas propicie un nocivo sistema de rotación de pacientes a fin de incrementar sus ganancias, y que no queda claro si las clínicas que hicieron cobros indebidos por pruebas rápidas que el Estado procesó gratuitamente también van a acceder a este acuerdo. “Esto ya parece no ser un descuido, incompetencia ni ineptitud, sino parece ir más allá de los lobbys. Hay que exigir que se ejerza control político sobre posibles casos de conflictos de intereses y de corrupción”, exigió.
Por otro lado, el excongresista insistió en la necesidad de un bono universal, en tanto hay millones de peruanos que están siendo impulsados al hambre por la crisis económica. En cuanto al trabajo que le queda por hacer al Congreso respecto a la lucha contra el coronavirus, indicó que se debe aprobar la regulación de precios de medicamentos, y también aprobar por insistencia la ley de acaparamiento de medicinas y equipos médicos.
Además, señaló que se podría constitucionalizar el derecho a la salud y a la educación pública. “Que el artículo 1 de la Constitución señale que el Estado garantiza el bien público y los derechos sociales como salud, educación y vivienda de los ciudadanos, para que no digan que el capítulo económico impide garantizar derechos”, sugirió.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Finalmente, indicó que en caso se concrete el incumplimiento de la Ley General de Salud por parte del Ejecutivo, se podrá presentar una acusación constitucional contra todo el gabinete, por no hacer uso de la legislación vigente a pesar de encontrarnos en una emergencia sanitaria.
ALGO MÁS
Al cierre de esta edición, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado de daños a la salud y la vida de las poblaciones.
JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política, Diario Uno, 26.06.2020
