El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró por unanimidad inconstitucional la Ley 31018, Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
El Colegiado sesionó en su tercera deliberación pública, de forma virtual, y declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad (Exp. N.° 00006-2020-PI/TC presentada por el Poder Ejecutivo en contra de la Ley N.° 31018, cuya ponencia estuvo a cargo del vicepresidente Augusto Ferrero Costa.
El Pleno argumentó que la ley vulnera el artículo 62 de la Constitución y viola la libertad de contratar, al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes. Además, afectaría la continuidad de los servicios vinculados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, en perjuicio de los usuarios del servicio.
Establece como interpretación constitucional de obligatoria aplicación, que las sesiones virtuales que realice el Congreso de la República serán conformes con la Constitución siempre y cuando se interpreten los artículos 51-A, 27-A y demás relacionados con las sesiones, deliberaciones y votaciones comprendidas en los procedimientos parlamentarios del Reglamento del Congreso.
Por ello se debe garantizar: a) El carácter público, abierto y transparente de los debates virtuales; b) La participación sin restricciones, la libre deliberación y el voto personal, directo y público de cada congresista; y c) El carácter indelegable del voto.
La titular del TC explicó que este Pleno Jurisdiccional amalgama los derechos de acceso digital a las instituciones, de la transparencia, de la democracia y del imperio de la Constitución por sobre cualquier posición institucional y pese al difícil contexto social y económico que nos toca afrontar, nos sitúa una vez más a la vanguardia del servicio de la justicia constitucional, cada vez más democrática, más transparente e inclusiva.
Durante la sustentación de su ponencia, el vicepresidente Augusto Ferrero Costa señaló que la Ley 31018 interviene en contratos de concesión que son contratos-ley, en desacato del mandato contenido en el artículo 62 de la Constitución, según el cual estos “no pueden ser modificados legislativamente”.
Indicó que, siendo el primer caso de un proceso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada mediante sesiones virtuales del Congreso, no puede pasar inadvertido para el Tribunal el procedimiento legislativo, a fin de verificar si se respetan los parámetros establecidos en la Constitución.
En la deliberación pública, que se inició a las 10 de la mañana y fue transmitida por nuestras plataformas informativas, participaron los magistrados Marianella Ledesma Narváez (presidenta); Augusto Ferrero Costa (vicepresidente); Manuel Miranda Canales; Ernesto Blume Fortini; Carlos Ramos Núñez; José Luis Sardón de Taboada; y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.
