Ante la hipocresía de parlamentarios y autoridades religiosas, que no promueven la prohibición legal de las torturas de toros en las corridas con cambio constitucional, la municipalidad de Lima hizo por lo menos lo que está a su alcance y prohibió que sus inmuebles se usen para torturar animales.
Tampoco fueron capaces de un gesto como este los mandatos de partidos izquierdistas en esta alcaldía, pese a que estos partidos se autoproclaman defensores de la naturaleza.
En 1567, el papa San Pío V decretó la prohibición de las corridas de toros con la bula De Salutis Gregis Dominici, ocultada por una mano negra que viaja por el tiempo triunfante 453 años, pues obispos y autoridades eclesiásticas de hoy prefieren guardar silencio cuando se trata de los toros, aún en el Perú, donde se usa el nombre del Señor de los Milagros para lucrar con ese acto sanguinario.
Dice la bula: “A todos nuestros hermanos patriarcas, primados, arzobispos y obispos y a otros ordinarios locales en virtud de santa obediencia, apelando al juicio divino y a la amenaza de la maldición eterna, que hagan publicar suficientemente nuestro escrito en las ciudades y diócesis propias y cuiden de que se cumplan, incluso bajo penas y censuras eclesiásticas, lo que arriba hemos ordenado.”
En nuestro país, en lugar de cumplir con difundir la bula, las autoridades católicas hacen la vista gorda.
También señala la bula: considerando que esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el circo o en la plaza pública no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir tales espectáculos cruentos y vergonzosos, propios no de hombres sino del demonio.
“… prohibimos terminantemente por esta nuestra Constitución, que estará vigente perpetuamente, bajo pena de excomunión y de anatema en que se incurrirá por el hecho mismo (ipso facto), que todos y cada uno de los príncipes cristianos, cualquiera que sea la dignidad de que estén revestidos, sea eclesiástica o civil, incluso imperial o real o de cualquier otra clase, cualquiera que sea el nombre con el que se los designe o cualquiera que sea su comunidad o estado, permitan la celebración de esos espectáculos en que se corren toros y otras fieras es sus provincias, ciudades, territorios, plazas fuertes, y lugares donde se lleven a cabo.
Por lo señalado en la bula, desde hace cerca de medio milenio, es Jorge Muñoz el primer alcalde de Lima exento de excomunión al no permitir la celebración de estas orgías de sangre.
En el Perú el lugar más notorio donde se realizan esos primitivos espectáculos que son una ofensa a la cultura, la humanidad y las buenas costumbres es la Plaza de Acho, patrimonio de la Beneficencia Pública de Lima, cuya administración depende de la Municipalidad de Lima.
El acalde de Lima Jorge Muñoz informó en su cuenta Twitter que dicha decisión se tomó por mayoría en el Concejo Municipal.
“Quedó muy claro que la supremacía de la vida sobre el maltrato animal es política de este gobierno municipal, y esto lo demostró hoy el Concejo de Lima, al aprobar por abrumadora mayoría multipartidaria que sus funcionarios y representantes ante directorios velen porque sus inmuebles no sean utilizados en espectáculos públicos donde se ejerza tortura contra los animales. Sin duda, un paso importante para una ciudad más humana”, escribió el burgomaestre.
Constitución
Ante normas dadas contra las corridas de toros el Tribunal Constitucional se pronunció en contra, por lo cual queda pendiente que los legisladores modifiquen la Constitución para que se termine con la tortura de animales.
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