La ONG extranjera Human Rights Watch (HRW), autoproclamada defensora de los derechos humanos, está actuando de hecho como una organización política al opinar sobre la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, aprovechando un informe sobre los incidentes que terminaron con heridos y dos muertes el 14 de noviembre de este año.
“Hemos obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra”, señaló el director para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco en un informe sobre los sucesos en Perú, informa Canal N.
Si la vacancia del presidente Vizcarra fue o no cuestionable, legal o ilegal, legítima o ilegítima, es algo que sólo compete definir a los peruanos, no a organizaciones extranjeras que se han instalado en nuestro país con supuestos fines de defensa de derechos humanos y que usan esa categoría para inmiscuirse en los asuntos internos nacionales.
Estamos de acuerdo en que haya organizaciones nacionales o extranjeras que defiendan los derechos humanos en el mundo analizando los excesos de violencia por parte de la Policía, pero eso no es un cheque en blanco para que de allí pasen a opinar a su antojo sobre la política peruana.
Por sus declaraciones, HRW de hecho ha pasado a ser una organización que usa el pretexto de los derechos humanos para inmiscuirse en la política interna, por lo cual su estatus en el Perú debería ser revisado.
El informe de la organización aseguró que Vizcarra fue destituido el 9 de noviembre por el Congreso mediante un "proceso de dudosa legalidad" que usó el argumento de que carecía de "capacidad moral" debido a acusaciones de corrupción "que todavía están siendo investigadas".
"No ha sido imputado hasta el momento. Muchos de los miembros del Congreso que votaron a favor de su remoción están siendo investigados penalmente, incluyendo por corrupción. Vizcarra había impulsado varias iniciativas contra la corrupción que afectaban a esos legisladores", señaló.
Nótese que HRW entrevistó a 76 personas, durante una visita que hizo a Lima a fines de noviembre y por teléfono, entre las que estuvieron víctimas, familiares y abogados, testigos y defensores de derechos humanos, además de haberse reunido con autoridades del Ejecutivo, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la PNP.
Como vemos, bajo la máscara de defensores de los derechos humanos toman el tiempo de autoridades del Estado, remuneradas con el dinero de todos los peruanos, para finalmente salir a dar opiniones políticas. Además, ¿qué hace un chileno exigiendo respuestas del Ejecutivo? Lo sucedido demuestra que Chile no pierde la oportunidad de inmiscuirse en organizaciones internacionales para husmear lo que sucede dentro de nuestras instituciones y finalmente emitir opiniones políticas que puedan convenirle.
Siendo esto así, este tipo de organizaciones deberían ser obligadas a registrarse con la denominación de agentes políticos extranjeros.
El avance en este tipo de registro ya lo tiene Rusia, que cansada de que diversas ONG con fines supuestamente altruistas se inmiscuyan en los procesos políticos nacionales, creó un registro de “agentes extranjeros” para las ONG que “participen en procesos políticos, realicen acciones políticas para influir en las decisiones de la política estatal y para formar la opinión pública con fines políticos”. Así, estas ONG estarán obligadas a presentarse como “agentes extranjeros” y a hacer constar esta característica en sus actividades y publicaciones.
La actividad de estas ONG que actúan en el ámbito político linda con el espionaje y en Rusia lo entienden así.
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