Julio Guzman 6El año pasado Guzmán exigió renunciar a los sentenciados y hoy los admite. Su candidata a la vicepresidencia es investigada por negociación incompatible.
 
Javier Solís Vásquez 
 
El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, postula al Parlamento a 17 sentenciados, de los cuales 11 son por deuda alimentaria, además de colocar a un investigado por el caso lavajato, por negociación incompatible y a exautoridades destituidas por irregularidades en su gestión, que están inhabilitados de ejercer cargos públicos.
 
El caso más grave es del candidato por Lima, Marco Antonio Zevallos, quien es el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morado y ocupa la Secretaría Nacional de Gremios y Organizaciones Sociales, y es investigado por el caso Lavajato.
 
El Ministerio Público investiga a Zevallos por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por la presentación de dos informes con datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) sobre los ingresos y egresos de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria y la campaña de la reelección de la exalcaldesa Susana Villarán.
 
EL equipo especial del caso Lava Jato encontró que esos informes falsos que presentó Zevallos cuando fue regidor de Villarán y personero legal del No, disfrazaban el dinero lavado que venía de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
 
En su declaración jurada presentada ante el JNE, Zevallos señala que tiene una sentencia por demanda contractual que le impuso el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre.
 
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
 
La candidata a la primera vicepresidencia de la República por el Partido Morado, Flor Pablo Medina, fue denunciada el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
 
Según el documento fiscal, Pablo Medina, cuando estuvo a cargo de la Dirección de Educación Primaria en el Ministerio de Educación, no realizó “acción alguna para monitorear la distribución de materiales educativos a nivel nacional”, que sufrió un retraso de 187 días y ocasionó un perjuicio de 4 millones de soles al Estado por el tiempo de almacenaje.
 
La carpeta fiscal indica que Flor Pablo y otros trabajadores del Minedu se habrían interesado de forma indebida y directa en el contrato N° 002-2014-Minedu, del Servicio de Transporte para los Módulos de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria y también en la Adenda del Contrato N° 002-2014-Minedu, para beneficiar al Consorcio Lúcar-Alcarraz, que integraron las empresas Lúcar Comercializadora SAC y Vidal Alcarraz Rivera.
 
El candidato por Moquegua, Pedro Noguera Prado, fue militante de Perú Posible y fue sentenciado por el delito de estafa por el Segundo Juzgado Penal de Cusco por la que se le impuso una pena suspendida de 4 años en 1997.
 
DEUDORES DE ALIMENTOS
 
El año pasado el candidato Julio Guzmán se indignó por los postulantes sentenciados por alimentos y pidió su renuncia, pero este año está callado y con su permiso permite que 11 condenados por este delito postulen por el Partido Morado.
 
El candidato por Pasco, Jonás Angulo Travezaño, registra en su declaración jurada que tiene tres sentencias judiciales: una, por violencia familiar; la segunda, por lesiones leves y otra por pensión de alimentos que le dictó el Juzgado Especial de Familia de Pasco. El año pasado Guzmán ordenó el retiro de su candidatura, pero este año le vuelve a abrir las puertas.
 
El candidato por Amazonas, Segundo Guevara Aranda, registra en su declaración jurada que tiene 10 sentencias que le impuso la Corte Superior de Justicia de La Libertad, dos por incumplimiento de obligaciones alimentarias a sus menores hijos y 8 por demanda laboral y contractual.
 
El candidato morado por Huancavelica, Juan Quichca Salazar, tiene 7 sentencias registradas en su declaración jurada presentada ante el JNE, una por pensión de alimentos que le dictó el Juzgado de paz letrado de Ascensión y 5 por demanda contractual que le impuso el Segundo Juzgado Civil de Huancavelica.
 
DATO
 
La candidata Elena Sánchez desea ser congresista por Cajamarca, pero fue destituida e inhabilitada para laborar en instituciones del sector Educación hasta julio del 2022 luego de ser sancionada por realizar abandono de cargo cuando era docente.
 
JUEZ DESTITUIDO
 
El candidato morado por Ancash, Edgardo Amez Herrera, fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura en setiembre de 2016 cuando era juez superior de la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia debido a que votó a favor de la liberación de un mayor de la Policía que fue arrestado por solicitar sobornos a un investigado por lavado de activos.
 
Sandra Gonzales Gómez fue sancionada en el 2019 por el Ministerio de la Mujer por las 21 faltas injustificadas en el Centro de Emergencia de la Mujer donde laboraba De acuerdo con el registro de Servir, la candidata está inhabilitada para ser funcionaria o servidora pública hasta julio de 2025.
 
EXFUJIMORISTA
 
El exfujimorista Justo Carlos Rodríguez Vera hoy postula al Partido Morado por Ayacucho, pero fue investigado por el Juzgado Mixto de Parinacochas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos en los casos del puente Huaccramayo y el aprovisionamiento de víveres del programa del Vaso de Leche, cedido arbitrariamente a su tía Flor Vera cuando era alcalde provincial de Parinacochas.
 
 
Diario Uno, 18.01.2021