El Pleno del Congreso aprobó la Ley que elimina el régimen del DL 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), autógrafa que había sido observada por el Poder Ejecutivo.
Con mayoría de 107 a favor y 7 abstenciones, la ley aprobada elimina el régimen del DL 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y propone establecer disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.
El artículo uno de la propuesta señala que el objeto es incorporar al régimen laboral DL 728 y DL 276 “a los trabajadores que desarrollen labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el DL 1057, del régimen CAS”. Para ello, se establece una serie de requisitos estipulados en la norma.
La sustentación del dictamen respectivo estuvo a cargo del titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), quién señaló que lo que se busca con esta insistencia es no permitir más vulneración a los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo hacer justicia con este sector laboral que sirve al Estado y a la sociedad en general.
Señaló que es un régimen abusivo y discriminador que se ha vuelto permanente por largos años.
“La temporalidad del régimen CAS está vigente desde el 2008, hace más de 12 años, sin embargo, hasta la fecha se sigue contratando bajo ese régimen a muchos trabajadores que merecen respeto de sus derechos laborales constitucionalmente reconocidos como es la remuneración justa, trato igualitario y además otros beneficios”, sustentó.
Oseda Yucra consideró que es abusivo que en pleno siglo XXI y en plena situación de emergencia, sea el propio Estado el promotor de contratos precarios laborales con la sola intención de disminuir al máximo los derechos de los trabajadores.
“Si el Estado viola los derechos laborales de los trabajadores, si el Estado discrimina y atenta contra el principio elemental y la primacía de la realidad, que podemos decir del sector privado, con qué cara el Estado sanciona a los trabajadores privados, si el mismo Estado viola los derechos laborales dando el peor ejemplo”, subrayó.
Por su parte, el parlamentario Lenin Bazán Villanueva (FA) señaló que el régimen CAS es una forma de explotación en el Estado que genera desigualdad con relación a los trabajadores sujetos a los regímenes del DL 276 de la carrera administrativa y del DL 728 de la actividad privada.
“Este régimen no permite acumular tiempos de servicios, pagos de horas extras, bonificaciones. Gratificaciones, desconocen el derecho de los trabadores que cumplen igual función que el resto”, dijo.
En la misma línea, el parlamentario Carlos Alberto Almeri Veramendi (PP) señaló que la norma responde a un tema de justicia social, toda vez que las leyes que se hicieron en el 2003-2004 no han sido desarrolladas y no han servido para poder tener una política laboral equilibrada homogénea dentro del país.
“Son más de diez años que en el Perú se ha venido luchando por una ley general del trabajo, una ley general que pueda consensuar todas las partes, tanto empleadores como trabajadores y el Estado, un Consejo Nacional de Trabajo que hace veinte años ha tenido una pobre participación, donde no habido buenos acuerdos”, dijo.
Respecto a la desaparición gradual del régimen CAS, el congresista Diethell Columbus Murata (FP) precisó que en el 2012 se publicó la ley para la eliminación gradual progresiva CAS, ya han pasado nueve años y a la fecha no se ha eliminado, porque el Ejecutivo no ha tenido disponibilidad para hacerlo.
Por su parte, Fernando Meléndez Celis (APP) manifestó que el régimen CAS ha sido discriminatorio y ha conducido a los trabajadores a la esclavitud laboral en todos los niveles de gobierno.
“Es uno de los contratos más lesivos y atentatorios contra los derechos laborales, hoy vamos a dejar un precedente para el nuevo Gobierno, porque el actual ha demostrado ser un Gobierno antilaboral, porque ha observado una ley que no amerita una observación para su promulgación”, precisó.
Finalmente, el congresista Alexander Lozano Inostroza (UPP) precisó que esta norma es perversa y que en nuestro país ha generado desigualdad entre trabajadores del sector público y privado, ejerciendo una sobreexplotación, pues se mantiene la amenaza del despido, está la dignidad degradada, y se tiene que firmar contratos cada mes.
