La elección de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) que pretende perpetrar el Congreso de la República podría ser cuestionada posteriormente por realizarse en una inconstitucional cuarta legislatura y por el apresuramiento que no da lugar a una concienzuda evaluación que garantice la idoneidad de los nuevos miembros, pero insisten en ello y hasta llevaron hoy una portátil para que los aplauda ruidosamente en un plantón.

 

pleno 2021 02 04

 

Esta irracional actitud sólo responde a intereses

Cada magistrado candidato debe contar con un mínimo de 87 votos a favor en el Congreso o más de dos tercios y los primeros puestos no responden a una verdadera meritocracia, sino a una calificación cuestionable y con muchas irregularidades.

Entre los aspirantes que ocupan los primeros puestos figuran abogados cercanos al aprismo y al fujimorismo, partidos que buscan enquistarlos en el TC. La insistencia de los postulantes esperando ser elegidos ya pone en duda su ética.

Están en juego los procesos Lava Jato y Cuellos Blancos, de suma importancia para la lucha contra la corrupción en el país, donde en especial hay involucrados apristas y fujimoristas.

“Y hay procesos abiertos por lo ocurrido en el interinato de Merino. Necesitan un TC que garantice impunidad. También el comportamiento irregular que ha tenido este Congreso puede generar responsabilidades. Por eso a los candidatos les hacían preguntas más sobre cuánto podrían confiar en ellos”, anota.

Además, los congresistas José Luna, de Podemos, y José Vega, de UPP, que evaluaron a los candidatos a magistrados, están involucrados en casos judiciales que pueden llegar al TC. Además, aseveró que un sector de Acción Popular está vinculado a intereses económicos que tienen procesos ya en el TC, como recordó en La República el exdefensor del Pueblo Walter Alban.

“La locomotora de quienes quieren la elección a como dé lugar es el grupo de Acción Popular, donde está Burga. Hay intereses millonarios de tributos en juego, por ejemplo que tienen que ver con Raúl Diez Canseco, los intereses en universidades o centros educativos”, mencionó.

La constitucionalista Úrsula Indacochea, directora de Fundación para el Debido Proceso (DPLF, Washington), considera que los casos más relevantes en juego en este momento son la inconstitucionalidad de la cuarta legislatura, que podría generar la nulidad de todo lo que se apruebe en ella; la acción de amparo que solicita la nulidad del proceso electoral; y el hábeas data sobre la lista de electores.

“Pero no solo hay que pensar en términos de los casos ya presentados. Podrían presentarse otros igualmente relevantes en las próximas semanas, especialmente vinculados a la proclamación presidencial, sanciones de la Junta Nacional de Justicia a fiscales supremos, etc.”, señala.

Asimismo, Indacochea recuerda que también está en manos del TC la inconstitucionalidad de la ratificación de jueces y fiscales de todos los niveles.

El abogado Ernesto de la Jara, profesor de la Universidad Católica (PUCP) y exdirector del Instituto de Defensa Legal (IDL), resalta que el TC tiene un gran poder porque nada se puede escapar del control de constitucionalidad que está en su fuero.

Cuestiona el proceso de elección del Congreso también por sus resultados, donde lidera la lista de candidatos el exmagistrado del TC Fernando Calle.

“Calle fue parte de decisiones escandalosas que pusieron al TC por los suelos. Votó a favor de Wolfenson y Alfredo Jalilie, y contra reclamos sobre la matanza del Frontón, que tenía ya sentencia favorable de la Corte Interamericana. También estuvo con el voto que quebró la jurisprudencia del TC en contra del narcotráfico y el lavado de activos, lo que sirvió para que el Poder Judicial archive la investigación fiscal a los Sánchez Paredes”, dice.

Asimismo, resalta que los congresistas tienen un conflicto de intereses en esta elección en camino porque el TC tendrá que revisar acciones de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el actual Parlamento.

“Están eligiendo a quienes van a resolver leyes controversiales que han dado, con intereses muy concretos. Hay siete acciones de inconstitucionalidad y puede haber más por lo que aprueben en esta cuestionada cuarta legislatura”, menciona.

La ley que elimina el régimen CAS o la norma que establece la formalización de los taxis colectivos serán vistas por el TC. Son algunos de los casos.

También puede llegar al TC la acción de amparo de Javier Villa Stein en busca de anular la segunda vuelta presidencial.

El abogado constitucionalista Luciano López, profesor de las universidades Católica y San Martín de Porres, anunció que prepara una demanda de amparo contra la elección de magistrados del TC que el Congreso alista.

“Esta elección ha sido irregular y se está realizando dentro de una cuarta legislatura, que es absolutamente inconstitucional, entonces todo este procedimiento está viciado”, dice López, quien presentó una demanda contra esta legislatura.