Estamos por pasar la cuarta parte del siglo XXI y en el Perú tenemos partidos con prácticas primitivas, donde los militantes mantienen obediencia a los “dueños” de los partidos sin importar sus antecedentes o trayectoria.
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Por ejemplo:
- Fuerza Popular, donde los militantes están sometidos al autoritarismo de Keiko Fujimori, pese a las múltiples investigaciones de corrupción de la Fiscalía, que ha pedido para ella 30 años de prisión. Además, aceptan que desde la cárcel el delincuente Alberto Fujimori dé opiniones. Más que un partido es una dinastía de corrupción.
- Podemos Perú. Su jefe, José Luna Gálvez tiene una serie de investigaciones por corrupción, pero sus militantes no cuestionan al “dueño” del partido.
- Alianza para el Progreso. Los militantes nunca quieren referirse a los plagios y al risible doctorado que obtuvo en España el “dueño” del partido César Acuña. Además, tiene investigaciones pendientes en la Fiscalía.
- Avanza País. Sus militantes nunca mencionan las acusaciones y muestras de plagio de Hernando de Soto.
- Partido Aprista. Los militantes callan que su candidata Nidia Vilchez pasó de ser una oscura aprista a ganar el favor de Alan García desde que destacó por su bufalería defendiendo a García al agredir en el parlamento a la congresista María Sumire en 2008, a quien le fisuró una costilla.
- Partido Nacionalista. Los militantes aceptan que pese a la prisión e investigaciones por corrupción pendientes, Ollanta Humala sea su candidato.
- Partido Morado. Los militantes cerraron filas para hacer de taparrabos cuando Julio Guzmán, en lugar de asistir a una fémina en un incendio, huyó por temor al qué dirán.
La tapadera debe ser cosa del pasado
En este panorama, se espera que Perú Libre comience a dar el ejemplo. Se tiene el caso de Vladimir Cerrón. Él podrá alegar toda la inocencia que quiera pero lo correcto sería que se dedique a esclarecer los procesos que se le siguen y en ese lapso convocar a los militantes de su partido a que elijan un nuevo jefe libre de investigaciones.
El presidente electo Pedro Castillo es sólo un invitado de Perú Libre y no puede tomar decisiones que competen solamente al partido.
Así las cosas, quienes no están dando la talla son los militantes de Perú Libre, en especial, los que lograron ser electos, desde Dina Boluarte a todos los nuevo congresistas. Ellos deberían invitar a Cerrón a convocar una elección interna para una nueva dirigencia libre de cuestionamientos.
Pero no lo hacen, aceptan muy tranquilos que desde la campaña, por ambición de figuración Cerrón haya petardeado la candidatura de Castillo con sus mensajes en Twitter que restaron buenos puntos a Castillo, quien habría derrotado mucho más holgadamente a Fujimori y no hubiésemos estado como ahora contando voto a voto las diferencias.
Estos parlamentarios y Dina Boluarte siguen tolerando las ínfulas de Cerrón, quien se atreve a sugerir nombres para el gabinete. Legalmente lo puede hacer, pero moralmente no debe. Incluso recomienda para jefe de gabinete a Nájar, quien como antecedente tiene haber embarazado a una menor de 14 años, intentar hacerla abortar, negar a su hija y después darle 70 soles mensuales tras un juicio, como recuerda La República. Bermejo y Cerrón, que lo respaldan, tienen una mentalidad cavernaria.
Pero no vemos atisbo de cambio, en nuestro país los militantes de la mayor parte de los partidos no quieren entender que en una democracia no existen “dueños” de partidos, todos están sujetos a cuestionamiento y cambio, pero por conveniencias o por un mal sentido de la amistad, lealtad o cobardía se niegan a limpiar sus dirigencias y eso no es democracia.
El Perú del siglo XXI necesita una renovación de partidos
El Perú merece que los partidos den a la ética una mejor posición, la principal, los dirigentes con procesos fiscales pendientes deberían ser cosa del pasado. En este nuevo Congreso, los parlamentarios por lo menos deberían establecer mayores restricciones a los postulantes a cargos públicos.
El Congreso aprobó impedir que las personas sentenciadas por delitos dolosos graves ocupen cargos públicos, pero consideran sólo cuatro supuestos: terrorismo, apología, violación sexual y tráfico de drogas, lo cual abre las puertas a otros sentenciados como los corruptos, estafadores, ladrones, asaltantes, etc.
La medida debe ampliarse a todos los delitos dolosos. Por ejemplo, un agresor que haya causado lesiones graves contra una persona podría gozar de un cargo público. La lista es larga.
Delitos culposos
Absurdamente se excluye a los delitos culposos, es decir, que una persona no planificó causar un daño, sino que básicamente con su negligencia lo causó. Ejemplo de homicidios culposos y otros delitos culposos:
Un borracho conduce su vehículo y mata o deja incapacitada a una persona
Una enfermera se roba medicamentos caros y da otra cosa a un paciente. Si éste muere sería homicidio culposo.
Un ingeniero construye negligentemente un puente y éste cae, con lo cual hay personas que pueden morir o quedar gravemente heridas.
Una autoridad no cumplió con su obligación de denegar autorización a alguna actividad peligrosa realizada sin las condiciones de seguridad adecuadas. A consecuencia de ello puede haber pérdida de vidas y materiales
Entonces, si tenemos a un funcionario público, electo o por designación, que tiene en su haber delitos dolosos, estaríamos avalando la incapacidad, el delito y el atraso, por lo cual el Congreso debe reconsiderar su posición e incluir a todos los delitos dolosos y culposos.
Otros
También deberían incluir en la lista de impedimentos a los deudores alimentarios, inquilinos morosos, deudores tributarios, deudores morosos del sistema financiero, violadores del estado de emergencia por la pandemia de coronavirus, los que escupen u orinan en la calle, etc.
Llama la atención del silencio de muchos políticos sobre esta grave omisión.
