Uno de los anuncios del presidente Pedro Castillo al asumir el cargo ante el Congreso de la República este 28 de julio fue convertir el Palacio de Gobierno en un museo, poniéndolo en manos del ministerio de Cultura. Adujo que debíamos desprendernos de símbolos de la época colonial, argumento nacionalista que es razonable, porque la invasión y colonización del Perú por España, plasmadas en la institucionalización del virreinato, están entre los periodos más nefastos de nuestra historia.
Reconocido esto, hay que entender que la función y la utilidad de la mencionada edificación, traiga o no remembranzas de la funesta época virreinal, consiste en ser la sede del poder ejecutivo, donde se desenvuelve la actividad de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros. En ese lugar están, entre otros, las oficinas y espacios correspondientes a la Presidencia de la República y al Consejo de Ministros, además de salones de recepción, patio de honor y vivienda para el presidente.
Pasando del dicho al hecho, el Presidente Pedro Castillo decidió que la juramentación del gabinete de ministros, que normalmente se hace en Palacio de Gobierno, se realizase en el Centro de Convenciones de Lima, un lugar ad hoc para reuniones sociales, congresos internacionales, etc. Esto hasta cierto punto deja una sensación de precariedad en que el Presidente tiene que ir allí porque el Palacio de Gobierno ha sido destruido o está inhabitable. ¿Cuánto tiempo va a continuar el Presidente dejando la impresión de que somos un país en que ni siquiera tenemos sede de gobierno? ¿Hasta cuándo va a continuar esta situación de precariedad en que el primer mandatario de un país no trabaja en el lugar que le corresponde, propio de sus funciones?
Y no solo se trata de esa sensación de un presidente difícil de ubicar, cubierto con el pretexto de su anuncio de convertir en museo el Palacio de Gobierno; está, además, el incumplimiento de la ley N.o 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a todos los servidores y dependencias del estado a abrir información pública sobre sus actividades.
Por ejemplo, si a un ministerio o a Palacio de Gobierno se le pide información sobre quiénes llegaron por consulta o de visita en determinado periodo, los requeridos deben proporcionar la información que tienen en sus correspondientes registros. Esto incluye el caso de representantes de intereses de terceros o empresariales debidamente acreditados; todos sus nombres quedan registrados y disponibles para conocimiento público, con día, hora y duración de la reunión. Acatar esto no es optativo por parte del mandatario, sino que está obligado a ello. La Constitución, en su artículo 118, señala que el Presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir las leyes.
Es necesario que los congresistas, cumpliendo su función de fiscalización y, entre otras cosas, velando por el cumplimiento de la mencionada Ley 27806, exijan al presidente Pedro Castillo que él y su gabinete de ministros trabajen en Palacio de Gobierno hasta que se consiga o construya un local apropiado; porque el Centro de Convenciones de Lima, u otro semejante, solamente puede servir para algunas ceremonias, no está hecho para que allí se instalen oficinas permanentes y menos para ser sede, aunque sea provisional, del gobierno del país.
Por último, el mandatario debería alquilar una vivienda para su residencia evitando que se ubique aledaña a una vía importante como ahora, en que ya no sólo el pasaje donde habita está resttringido, sino que hoy han bloqueado la avenida Bolivia causando caos vehicular. También podría optar por alquilar un edificio para sede de gobierno con áreas para vivienda.
