Presencia de ministros impresentables es culpa de los partidos políticos
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, asiste esta mañana a la sesión del Pleno del Congreso que debatirá el voto de confianza a su gabinete tras la exposición que ya comenzó a realizar sobre la política general de gobierno.
El gabinete en su totalidad lo acompaña de forma presencial a la cita, que comenzó a las 10:00 h. Ninguno de los varios ministros con serios cuestionamientos tuvieron el gesto de renunciar y así tenemos que, junto con destacados profesionales como el doctor Aníbal Torres, Pedro Francke, el canciller Óscar Maurtua, hay otros impresentables como el ministro de Transportes sancionado por conducir una combi pirata, además tiene denuncias de ser pega-mujeres, como varios otros ministros.
También hay sujetos como el ministro de Trabajo, denunciado por robo “con crueldad” además de tener atestado policial por terrorismo, o el mismo Bellido, con sospecha de apología al terrorismo o terrorismo, y que no cuentan con la preparación necesaria ni la experiencia para un alto cargo.
Presencia de ministros impresentables es culpa de los partidos políticos
El hecho de que un ministro tenga el desparpajo de continuar en el cargo pese a sospechas de delitos graves y otros, y que ninguna ley se lo impida es culpa exclusiva de los partidos políticos, pues toleraron que puedan ser candidatos a cargos de elección popular como presidente, congresista, gobernador o alcalde, sujetos que mantienen investigación o denuncias por diversos delitos, lo cual debería estar prohibido.
Por ello urge legislar no de forma desvergonzada exigiendo sólo que los funcionarios nombrados por el Ejecutivo tengan esos impedimentos, sino también todo cargo fuera del Ejecutivo, como los mencionados en el párrafo anterior, la ley debe ser para todos, así tendríamos gente con real autoridad moral.
Algunos siempre han alegado que para perjudicarlos sus enemigos les realizaron denuncias de hechos falsos, lo cual no se puede descartar, pero debe primar el interés superior de la ciudadanía de tener derecho a contar con funcionarios sin antecedentes despreciables y no el interés de un cretino que quiere lograr instalarse en un cargo o mantenerse en él.
Por ello, el Congreso debería legislar pronto y los impedimentos también deberían contemplar no sólo los delitos dolosos, sino los culposos. Un delito doloso es por ejemplo arrollar y matar a alguien en estado de ebriedad, lo cual es grave, pero no se ha contemplado. O por ejemplo una enfermera que se roba un medicamento caro y pone otro barato a un paciente y con ello le causa la muerte.
La ciudadanía se merece no sólo que los altos cargos sean ocupados por personas sin sentencias sino sin sospechas de hechos graves.
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