Mafia chilena se burla del Perú

El consorcio Gildemeister, alegando que sus representantes implicados en la investigación, José Cariola Santa Maria y Jaime Izaguirre Seminario, fueron retirados de sus cargos, se sustrajo de la citación al Congreso de la República, según denunció el congresista Edgar Reymundo, a cargo de la comisión del Congreso que investiga el escándalo.

Para más escarnio, Gildemeister indicó que el retiro de los funcionarios se realizaba  “en aras de la transparencia”, pero la empresa no señala quiénes son los nuevos representantes, los cuales deberán esclarecer una cadena de hechos que claramente perjudican al estado en una sospechosa compra por casi 45 millones de soles.

Gildemeister, para más mofa, huye del Congreso mediante el retiro de sus funcionarios, para sustraerse de la citación e investigación, sin embargo, cuando se trata de confirmar su cuestionada compra, sí acude Eduardo Moyano ―¡hablando de honestidad!― diciendo que están abiertos a “conversar”. Claro, parecen estar seguros que no habrá suspensión ni anulación del contrato, sino que, siguiendo la línea de sumisión a los intereses chilenos, el gobierno “peruano” “pedirá una rebajita” a sus patrones chilenos. 

En la Comisión de Fiscalización, la destituida funcionaria implicada en el caso, Gloria Vargas Núñez, afirma que en cada etapa de la licitación se informaba no sólo a Mazzetti, sino también su viceministro y el alto mando policial, la Contraloría, Consucode y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), vale decir que informaron a Jorge del Castillo. Ninguno de ellos impugnó la compra, con lo cual avalaron implícitamente esta operación. ¿Por eso será que tanto defienden a la Mazzeti? ¿Todos ellos estaban de acuerdo en causar una pérdida millonaria al Estado? 

 

 

 No sólo eso, los trabajadores de salud que deben usar esas unidades señalan que el interior no cumple con el espacio mínimo que debe tener una ambulancia, pues a duras penas pueden moverse encorvados para atender al paciente. 

Si todo estuviese impecable, ¿qué significan entonces todo el escándalo y la destitución de implicados por parte del Estado peruano, inclusive el retiro de sus cargos de la empresa chilena, según dicen, “en aras de la transparencia”? ¿Quiénes son los que realmente se pusieron de acuerdo de un lado y de otro? 

Los indicios son más que razonables, vociferan que habría colusión. Si es así, ¿por qué el Estado se arrodilla para “renegociar” en lugar de procesar a funcionarios peruanos y chilenos por el delito de colusión en agravio del Estado peruano? ¿A quiénes se protege? ¿El Estado se prestaría a consumar un delito, descubierto en las puertas del horno, en lugar de detenerlo anulando la compra?