Piden modificar ley de habilitaciones urbanas para prevenir desastres
La norma restringe funciones de alcaldes pero los responsabiliza civil y penalmente por eventuales daños
Ante las consecuencias de un eventual terremoto en el país, el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, César Acuña Peralta, pidió modificar la ley Nº 29090 Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, porque pone en riesgo la seguridad e integridad física de la población.
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La norma restringe funciones de alcaldes pero los responsabiliza civil y penalmente por eventuales daños
Ante las consecuencias de un eventual terremoto en el país, el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, César Acuña Peralta, pidió modificar la ley Nº 29090 Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, porque pone en riesgo la seguridad e integridad física de la población.
Acuña dijo que esta ley no sólo permite la entrega de licencias automáticas de construcción, sino que creó la figura de los “Revisores Urbanos”, que son personas encargadas de supervisar los proyectos habitacionales de más de cinco pisos, pero cuyos honorarios los pagan las mismas empresas constructoras. Así se convierten en juez y parte, siendo permisivos y flexibles con las inmobiliarias.
La AMPE está en desacuerdo con la aprobación de un proyecto de construcción con la sola aplicación del silencio administrativo positivo y Acuña afirmó que las Municipalidades del país están muy preocupadas por la aplicación de esta norma.
“Sin que se produzcan sismos muchas edificaciones nuevas se han derrumbado en plena construcción, con casos de pérdida de vidas humanas. ¿Qué ocurriría con un terremoto de gran intensidad y magnitud?” Bienvenida la inversión, pero construyamos ahora sin destruir el futuro de los peruanos, ni afectar la integridad de miles de familias”, expresó el presidente de la AMPE, sustentando que las Municipalidades deben calificar el procedimiento, ante posibles irregularidades, en resguardo de la vida y la salud de las personas.
“El plan antisísmico lanzado el fin de semana por el presidente Alan García debe incluir la verificación de las construcciones, que accedieron a las licencias automáticas u obtuvieron permiso por la aplicación del silencio administrativo positivo. Para que el plan sea más coherente, debe incluir la derogatoria de la ley 29090”, sentenció Acuña.
La ley resta o restringe competencias administrativas de control y supervisión a las municipalidades, reduciéndolas a simples mesas de parte de las empresas constructoras. Y pese a debilitar la autoridad y participación municipal, los alcaldes y funcionarios municipales, según esta Ley, son responsables administrativa, civil y penalmente por las infracciones o hechos que puedan generarse en su aplicación.
La Ley 29090 debe ser modificada conforme a lo planteado por los Colegios Profesionales de Ingenieros y Arquitectos del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la AMPE que ya presentaron conjuntamente al Congreso de la República el Proyecto 2994-2008-GL.
La AMPE solicitó en noviembre pasado una reunión con el Presidente de la República, para solicitarle formalmente la modificación, pero hasta ahora está esperando la respuesta.
La AMPE está en desacuerdo con la aprobación de un proyecto de construcción con la sola aplicación del silencio administrativo positivo y Acuña afirmó que las Municipalidades del país están muy preocupadas por la aplicación de esta norma.
“Sin que se produzcan sismos muchas edificaciones nuevas se han derrumbado en plena construcción, con casos de pérdida de vidas humanas. ¿Qué ocurriría con un terremoto de gran intensidad y magnitud?” Bienvenida la inversión, pero construyamos ahora sin destruir el futuro de los peruanos, ni afectar la integridad de miles de familias”, expresó el presidente de la AMPE, sustentando que las Municipalidades deben calificar el procedimiento, ante posibles irregularidades, en resguardo de la vida y la salud de las personas.
“El plan antisísmico lanzado el fin de semana por el presidente Alan García debe incluir la verificación de las construcciones, que accedieron a las licencias automáticas u obtuvieron permiso por la aplicación del silencio administrativo positivo. Para que el plan sea más coherente, debe incluir la derogatoria de la ley 29090”, sentenció Acuña.
La ley resta o restringe competencias administrativas de control y supervisión a las municipalidades, reduciéndolas a simples mesas de parte de las empresas constructoras. Y pese a debilitar la autoridad y participación municipal, los alcaldes y funcionarios municipales, según esta Ley, son responsables administrativa, civil y penalmente por las infracciones o hechos que puedan generarse en su aplicación.
La Ley 29090 debe ser modificada conforme a lo planteado por los Colegios Profesionales de Ingenieros y Arquitectos del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la AMPE que ya presentaron conjuntamente al Congreso de la República el Proyecto 2994-2008-GL.
La AMPE solicitó en noviembre pasado una reunión con el Presidente de la República, para solicitarle formalmente la modificación, pero hasta ahora está esperando la respuesta.
