Entre los procesados se encuentran tres oficiales de la Marina de Guerra del Perú y cuatro colombianos

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao que despacha el Juez Julio Castillo Rodríguez dictó mandato de prisión preventiva de 16 meses para 12 implicados en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en la modalidad de “preñado” de buceo.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos trasladaban droga en las embarcaciones navieras con destino a Europa y Barbados, mediante la utilización de buzos en altamar.

La decisión del magistrado se basó en el artículo 268 del Código Procesal Penal (CPP), quinto párrafo y la casación 626-2013 de Moquegua, asimismo se declaró fundado la prisión preventiva bajo el amparo del artículo 296, numeral 6 y 7 del Código Penal, por la proporcionalidad de la pena teniendo poder grave vinculatorio.

En la lista de encarcelados figuran: Ortiz Portilla Luis Eduardo; Herrera Magallanes Henry; Vigil Sam Wilmer; Saavedra Ypanaque Luis Enrique; Valverde Camacho Cristian Manuel; Huamaní Jara Jose Manuel; Prado Asenjo Santiago Edilberto; García Guerra Flores Paul Manuel; Caysahuana Estrada Wilder José; Carvallo Trujillo Luis Carlos; Pulgarin Togon Carlos Andrés.

Las sanciones por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado ameritan una condena no menor de 15 años ni mayor de 25. Así también se consideró el artículo 297 del Código Penal sobre peligro de fuga y obstaculización de las investigaciones y considerando además la casación 1445-2018 sobre arraigo familiar, cuya motivación fue modificada y la medida necesaria.

Mujer liberada

Cármen Marina Castellanos Rojas es la única mujer implicada en el caso a quien el Juez le otorgó comparecencia restringida por no contar con elementos suficientes para ser recluida en el penal del Callao Sarita Colonia, teniendo en cuenta cumplir normas de conducta y pagar una caución de S/ 4,000 en el lapso de treinta días calendarios. Además se le dictó control biométrico e impedimento salida del país y la obligación de concurrir a la autoridad judicial y fiscal las veces que sea requerida.