Perú incumple medida de urgencia de la ONU contra discriminación racial

En el mes de marzo del presente año el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, órgano encargado de hacer cumplir la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, dictó una medida de urgencia para que el Estado Peruano suspenda la extracción de aguas subterráneas de los pozos del Ayro y sus plantas de bombeo que día y noche funcionan dejando sin aguas a las comunidades Altoandinas de Ancomarca en el tripartito fronterizo andino de Perú Chile y Bolivia.


El Propio Ministro de Justicia del Estado peruano, el 3 de Agosto último, compareció ante el Comité contra la Discriminación Racial , pero en una actitud por demás tiránica, se negó a cumplir la medida de urgencia pretextando una ubicación falsa de dichos pozos.

Es decir que el Estado peruano está fuera del Estado de Derecho, puesto que no cumple con las medidas que adopta el Organismo internacional mencionado. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos también ha dispuesto que el Estado Peruano respete los Derechos de la comunidad de Ancomarca, pero en forma reincidente tampoco cumple dicha sentencia del Comité de Derechos Humanos emitida en abril del presente año.

Esta actitud al Estado como uno violador de Derechos humanos del mundo, por lo que debe ser desaforado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,  reclaman los Pueblos Indígenas Andinos, que consideran injusto que el Estado violente  el Sistema jurídico Internacional y permanezca  en el Consejo de Derechos Humanos.

El Estado peruano debe cumplir con sellar los Pozos del Ayro, pero por el contrario, el gobierno Regional de Tacna anuncia que el Gobierno Central, este mes le aprobó los Estudios de perforar 50 pozos de sustracción de agua subterráneas y trasvase ilegal de aguas a través del túnel Chiluyo, y los canales gigantes de Chuapalca y otros, es decir que tercamente sigue construyendo mas obras civiles de saqueo de aguas,  en abierta rebeldía que contradice el Estado de Derecho Internacional, denunciaron dirigentes indígenas.