Congresista Pari se solidariza con familias desalojadas de Pocollay
En respuesta al desalojo sufrido por alrededor de 200 familias de las Asociaciones Unión Juventud e “Hijos de Pocollay” el congresista Juan Pari, del Partido Nacionalista, mostró su condena por la forma en que se ha hecho empleo de la fuerza pública para el desalojo de los pobladores y por la falta de tino del poder judicial para resolver el conflicto.
 |
Calificó la orden de desalojo de irregular teniendo en cuenta que existe la Resolución 0914-2008-AG que ordena la reversión del predio al Estado, en virtud de la ley 28667 de reversión de predios rústicos al dominio del Estado. “En todo caso todavía está en proceso la impugnación de la indicada Resolución que ha sido pedida por la empresa Breco, por lo que no cabe ordenar el desalojo hasta que tal disputa se haya aclarado”, indicó el congresista.
Al haber un proceso contencioso administrativo en curso el juez del Quinto Juzgado Civil de la ciudad de Lima que ordenó ha incurrido en un acto arbitrario que debe ser subsanado de inmediato, agregó.
Hizo un llamado para que el Procurador del Ministerio de Agricultura asuma un rol más activo en la defensa de los intereses del Estado, en cumplimiento de la Resolución de reversión sin afectar los derechos de la población.
De otro lado, hizo notar que el conflicto desatado con la población revela una vez más la carencia de una política estatal y regional de asentamiento ordenado de las familias en el territorio, y de promoción regulada de la vivienda popular razón por la cual se producen las invasiones y se siguen generando conflictos por la ocupación del espacio como el que en el presente caso enfrenta al Estado con los inversionistas privados y con las demandas de las asociaciones de vivienda de los pobladores de Pocollay.
Al haber un proceso contencioso administrativo en curso el juez del Quinto Juzgado Civil de la ciudad de Lima que ordenó ha incurrido en un acto arbitrario que debe ser subsanado de inmediato, agregó.
Hizo un llamado para que el Procurador del Ministerio de Agricultura asuma un rol más activo en la defensa de los intereses del Estado, en cumplimiento de la Resolución de reversión sin afectar los derechos de la población.
De otro lado, hizo notar que el conflicto desatado con la población revela una vez más la carencia de una política estatal y regional de asentamiento ordenado de las familias en el territorio, y de promoción regulada de la vivienda popular razón por la cual se producen las invasiones y se siguen generando conflictos por la ocupación del espacio como el que en el presente caso enfrenta al Estado con los inversionistas privados y con las demandas de las asociaciones de vivienda de los pobladores de Pocollay.
