CGTP DENUNCIA A EMPLEADORES QUE ELUDEN DERECHOS LABORALES Y PONEN EN GRAVE RIESGO LA SALUD Y VIDA DE LOS TRABAJADORES

Pronunciamiento

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) reitera una vez más su denuncia ante la opinión pública que algunos empleadores, pese a que los trabajadores están afrontando los graves impactos del COVID-19, éstos vienen adoptando medidas que perjudican la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores obligándolos en unos casos a realizar labores que están prohibidas por el estado de emergencia sanitaria y de inamovilidad social y, en otros, cuando las actividades están permitidas, incumplen los protocolos en materia de salud laboral exponiéndolos al contagio.

 

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En los últimos días, a los casos que ya hemos denunciado se suman otros como el contagio de un trabajador de la empresa contratista Komatsu quien laboraba en el campamento Yanacancha de la Compañía Minera Antamina lo que originó que un grupo de trabajadores con justa razón protestara en el campamento y exigieran la prueba de descarte y de resultar negativo pedían volver a casa con sus familias; también el caso de tres (3) trabajadores contagiados de la Planta Pucusana de Inca Kola y que ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Planta Pucusana de Inca Kola; se suma el caso de los trabajadores de limpieza del Hospital Arzobispo Loayza contratados a través de terceros y que refieren no contar con seguro de salud y otros derechos laborales, los obligan a laborar 24 horas al día por un día y medio de descanso, tampoco les entregan implementos de protección adecuada para el trabajo que realizan, exponiéndolos irresponsablemente al contagio.

A ello se suma el caso denunciado por los sindicatos de médicos y de enfermeras de EsSalud que denuncian que la dotación de los equipos de protección personal no es oportuna ni suficiente, exigen ser vacunados contra la influenza y neumococo, así como la toma de muestras rápidas, la entrega de mascarillas N95 a todo el personal asistencial que vengan prestando servicios de alerta y respuesta en las Unidades de Cuidados Intensivos, Emergencia y Hospitalización, entre otras medidas. Como estos, son varios los casos que se reportan en Lima y en todo el territorio de la República, además de aquellos que no se llegan a conocer por los altos niveles de informalidad laboral en el país.

Pero además de los casos de afectación a la salud de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, siguen creciendo los casos en los que los empleadores incumpliendo las normas de emergencia que la obligan a otorgar licencia con goce de haber cuando no es posible aplicar el trabajo remoto los envían a sus casas sin pago de remuneraciones, los presionan a la renuncia bajo el argumento de que la “empresa va a cerrar” de todas formas; incumplen convenios colectivos, suspenden unilateralmente labores en los centros de trabajo argumentando caso fortuito y fuerza mayor; los fuerzan bajo un aparente “acuerdo” a tomar descanso a cuenta de vacaciones, vacaciones adelantadas, entre otras acciones. Resuelven los contratos laborales temporales antes de su vencimiento sin pago alguno de beneficios o difiriendo su pago hasta “que mejoren las cosas”.

Lo más grave es que pese a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno al transferir recursos del Tesoro Público para ayudar a las empresas en el pago de la planilla de remuneraciones y para asegurar la continuidad en la cadena de pagos, sigan actuando impunemente ante la débil presencia y actuación del Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL. El Gobierno, el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL están obligados a garantizar el respeto a los derechos laborales y a las normas de emergencia, más aún en un contexto en que la salud, la vida, el empleo y los ingresos de los trabajadores y sus familias están en juego.

Si bien la CGTP, los trabajadores y los ciudadanos estamos convencidos y empeñados en que en este período es prioritaria la rápida contención del contagio del COVID-19 y de superar la emergencia sanitaria, no deja de ser fundamental para lograr este objetivo la protección de la salud laboral sobre todo de todos aquellos que están en la primera línea de combate al COVID-19 y la defensa de los derechos laborales y sociales.  

Reiteramos nuestra convocatoria a los trabajadores y organizaciones sindicales del país a denunciar decididamente ante la SUNAFIL y las autoridades competentes el incumplimiento de las normas socio laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las normas de emergencia frente al COVID-19.

Asimismo, insistimos en que el Poder Judicial ponga en funcionamiento Juzgados de Trabajo de emergencia dedicados a conocer de manera exclusiva las acciones judiciales y medidas cautelares que interpongan los trabajadores y las organizaciones sindicales a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria. Para ello deberá recurrir a los medios tecnológicos disponibles y de ser necesario se deben destinar los recursos necesarios. No se puede admitir que ante esta grave situación la administración de justicia laboral no esté operativa.  

Lima, 8 de abril 2020

CONSEJO NACIONAL CGTP

GERONIMO LOPEZ SEVILLANO

Secretario General

 

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