Juramentación alborotada y represión a ciudadanosjuramentacion ministros en palacio

En medio de alboroto y ruidosos aplausos que identifican a las vivas apristas, juramentó el nuevo gabinete. Esta vez Jorge del Castillo no pidió a los asistentes que paren la bulla, como sí lo mandó indignado cuando los pobladores de Majaz instalaron la mesa de diálogo, a la cual asistió muy a su pesar (Leer Del Castillo: La vaca no se acuerda cuando fue ternera).
El hecho muestra que el Apra hasta en lo más mínimo ha acentuado su favoritismo a su partido y la represión o restricción a todo lo que no sea aprista. Prueba de ello es que todas las manifestaciones públicas apristas, desde las portátiles traídas en buses hasta Palacio para exigir la pena de muerte a los violares, en apoyo a García, pasando por la marcha por la paz convocada por el Apra, hasta la marcha de los artistas apoyada por Luciana León, se aprecia que éstas han recibido todo el apoyo de las fuerzas del orden.

Por otro lado, toda manifestación de los gremios, por ejemplo el de médicos, ha recibido desde provocaciones hasta palizas y detenciones, lo cual demuestra no sólo el definido favoritismo hacia los apristas de parte del gobierno, sino un abuso de poder y autoridad totalmente antidemocrático, pues no sólo los gremios se ven reprimidos en sus manifestaciones públicas pacíficas, sino inclusive aquellas marchas o plantones en las que participan congresistas no apristas, como lo denunció Daniel Abugattás (leer Cabanillas impide plantón pacífico) o la simple reunión de deudos de las víctimas de Fujimori, que han sido víctimas de provocaciones en las inmediaciones del la sala de juicio, ante la pasividad de las autoridades.

Mientras por un lado se critica la falta libertad de prensa en Venezuela, en el Perú estamos ante prácticas antidemocráticas que son peores, sumadas a la gran prensa, sirvienta de Alan García, la cual es complacida con suculentos ingresos provenientes de los avisos que publica el gobierno, hasta para lavar la cara a sus ministros ineptos.

La capacidad del ciudadano para manifestar su disconformidad con el gobierno, se ve entonces reducida a niveles que se podría tener en tiempos de dictadura, sin que haya quien ponga fin a estos abusos.