por Alfredo Palacios Dongo

El pasado 19 de junio la ministra de Educación, Patricia Salas, aclarando lacónicamente que “era solo mensajera de una decisión del Consejo de Ministros”, confirmó, sin dar explicaciones oficiales, que el gobierno había decidido no crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) —órgano del Ministerio de Educación— ha sido adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con el fin de reorganizarlo y fortalecer su capacidad (DS 067-2012-PCM-16 de junio).

 

Esta es otra de las tantas promesas incumplidas del gobierno, a pesar que en su Plan de Gobierno 2011-2016 le otorgó máxima importancia a la ciencia, tecnología e innovación, como uno de los ejes estratégicos del nuevo modelo económico y de desarrollo (art. 4.6.1), asegurando que “habrá un Ministerio con competencias en ciencia, tecnología e Innovación” responsable de proponer y ejecutar políticas públicas desde el mayor nivel político y con participación de sectores y organismos públicos de investigación (art. 4.6.6).

Realmente no existe una explicación oficial sobre tal determinación del gobierno, considerando el enorme déficit de generación de ciencia, tecnología, innovación y competitividad que registra el país. Tanto la comisión consultiva del gobierno, como representantes de los Colegios profesionales del Perú, así como distintos científicos y expertos en el tema, consideran como la mejor opción la creación de este ministerio, para lograr, con adecuados recursos, una reingeniería estructural, la implementación de reformas, y la optimización y articulación del sistema.

Bajo este panorama, se observa desinterés y falta de voluntad política del gobierno para apoyar la actividad investigadora, por lo que está incumpliendo la Constitución que demanda: “Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país” (art. 14). La ciencia y tecnología son componentes esenciales para la aplicación de planes de innovación y logro de la competitividad del país.

El gobierno debería:

 

—Fomentar la investigación con políticas claras y recursos e instrumentos adecuados;

—Estimular creaciones de centros de investigación;

—Promover la casi nula investigación en empresas y universidades;

—Evitar la fuga de talentos;

—Crear la carrera de investigador científico-tecnológico; y

—Considerar la ciencia y tecnología como ejes fundamentales desde la educación básica.

 

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