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Denuncia de Urquizo se quedó corta
Tras las revelaciones de que la postulante a contralora, Ingrid Suárez, mintió sobre su inexistente título de ingeniera, surge la precisión de que los documentos presentados son falsificados.
El director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, Joaquín Mateos Palacio señala que Suárez "no ha sido nunca alumna de la Euitig" ni de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón.
Dicha institución precisó que en la Euitig no se ha impartido nunca la especialidad de organización industrial, que se menciona en el certificado de estudios de Suárez, pero lo más grave es que las personas que aparecen rubricando —sin firma ni sello— el documento, José Rendueles y Alberto Dago Quevedo, son presuntamente “fantasmas”, pues la Euitig aseguró que "no son ni han sido nunca profesores de la Euitig".
Ayer el congresista José Urquizo presentó una denuncia ante el Ministerio Público indicando que Suárez ostentó el título de ingeniera sin serlo, pero con los nuevos documentos la denuncia se queda corta, pues lo más grave sería que estemos ante una presunta falsificación de documentos (esto sin contar la respuesta pendiente de los presuntos estudios en Berkeley).
Un hecho que confirmaría el fraude es la forma de calificar, porque los certificados de la Universidad de Oviedo (de la cual es parte el centro de estudios en cuestión) llevan siempre calificación literal, pero el certificado presentado por Suárez tiene calificación numérica.
Por su parte, Richard Webb, quien presidió la impresentable comisión que eligió a la terna para el cargo de contralor, ahora dice que Cabanillas se ha equivocado de escuela, y anuncia que el asunto se aclarará rápidamente. Se cumplió el pronóstico que hicimos de fracaso de esta comisión, simplemente teniendo en cuenta la triste participación de Webb en la comisión que validó la compra mafiosa de patrulleros de la empresa Gildemeister, ya sabemos que después con mucho ruido la compra debió ser anulada.
El padre Gastón Garatea también salió a defender a Suárez, pese a todo lo que ya se sabe sobre ella. En tanto, las otras dos integrantes de la comisión, Beatriz Boza y Cecilia Blondet, se refugian en el silencio.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, con su habitual inestabilidad y doblez, primero (pese las denuncias de los nacionalistas, upepistas y Yonhy Lescano), salió a defender ciegamente a Suárez, pero ahora se cura en salud y declara que si se comprueban las denuncias, Suárez debe renunciar "porque ha engañado no solamente a la comisión, sino al país".
La acusada, Ingrid Suárez, decidió esconderse de la prensa, ningún medio pudo obtener sus declaraciones.
Ahora penden otros cargos sobre Suárez, como el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo artículo 411 del Código Penal; además habría incurrido en el delito de falsificación de documentos, como señala el artículo 427 del Código Penal.
El padre Gastón Garatea, lejos de reconocer que se equivocó, está dando muestras de una conducta reñida con la moral católica, como ya habíamos dicho, la Conferencia Episcopal debería regular la intervención de sus representantes en comisiones del Estado pues el inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia generalmente significa un daño a la imagen de la Iglesia. ¿Qué sabe Garatea de auditoría para calificar a una futura contralora? Su designación sólo obedeció a una intención del gobierno de colocar un adorno de moral, pero sólo decorativo, pues Garatea en la práctica está predicando contra la doctrina católica: defiende la mentira y minimiza el delito.
Planillas doradas del PNUD
Este estruendoso escándalo confirma que de urgencia debe anularse el infame sistema de las planillas doradas del PNUD, donde los ciudadanos peruanos pagamos a una costra de personajes que presuntamente tienen “alta especialización” o que son “elite”, pero, como en el caso de Ingrid Suárez, vemos que no se trata más que de un grupúsculo de amigotes promovidos por compadrazgos, por favores políticos, por las ONG o por periodistas mercenarios.
En tanto, es una vergüenza que el Congreso hable de la homologación de sueldos desde la caída del régimen fujimontesinista, pero una y otra vez burla la voluntad popular, que demanda equidad (ver: Eluden homologación de servidores públicos Eluden homologación de servidores públicos).
