Por José Luis Ayala
Cuando se habla de crisis económica es preciso saber con certeza de qué se trata. Las crisis por lo general tienen diversos orígenes, desarrollo y tratamiento. Cada una está marcada por distintos orígenes, depende de cómo se las maneje y saber a quiénes perjudicará o beneficiará. Ninguna se parece a otra, los economistas se ocupan de estudiar los orígenes, causas y tratamiento que se debe aplicar. Hay crisis económicas como resultado de errores, imprevistos y consecuencia de convulsiones sociales no previstas. Pero también hay crisis debidamente planificadas, financiadas y dirigidas desde la Metrópoli del sistema para destruir determinado proceso político progresista. Muchas veces se trata de arrasar un proceso social en marcha, destinado a liberar respecto a la influencia de la política económica neoliberal. La crisis generada en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, como la destinada a derrocar a Salvador Allende, en Chile, fueron crisis creadas desde dentro y desde fuera, para detener y destruir los cambios sociales en marcha.
La palabra economía proviene del griego y significa ‘administración de una casa o una familia’. Es un conocimiento que se ocupa de estudiar, conocer y analizar los procesos de producción, inversión, intercambio, consumo, servicios y bienes. Preguntémonos entonces ahora: ¿quién o quiénes manejan la economía en el Perú? No son los políticos que designan a ministros de sus gabinetes, sino el Banco Mundial de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y la Confiep. Es decir, la Banca Mundial, los lobbies y banqueros que imponen a tecnócratas para que actúen como ministros y para que si se presentan dificultades, sean renovados. No importa quién gane las elecciones, menos las propuestas sociales, políticas y económicas; nada podrá cumplirse mientras los poderes económicos y fácticos determinen qué se hace y qué no.
Lo que importa a la Banca Mundial es prestar, entregar dinero fresco para endeudar cada vez mucho más, para que la deuda externa no sea cancelada en el menor tiempo posible. Así, los intereses suben y los préstamos son supervisados por inspectores que actúan como comisarios con poder. Los préstamos no están destinados para industrializar, instalar fábricas ni transformar la realidad nacional, sino para obras costosas intrascendentes. En otras palabras, “Les presto pero yo determino para qué y en qué plazo deben pagarme; además señalo los intereses y moratorias”. Una crisis económica es por lo general un tiempo de escasez en referencia a los productos que se fabrican o manufacturan; se traduce en la escasa comercialización, venta, servicios, consumo y circulación de productos de primera necesidad. De modo que cada crisis tiene sus propios ciclos, períodos de duración y consecuencias.
Pero la crisis que se vive en el Perú desde hace veinticinco años es una crisis del liberalismo económico peruano. Sin embargo, afecta inevitablemente a millones de personas. No se trata de una polarización de diversos factores internos y externos. Menos del resultado de las exigencias de trabajadores que han visto disminuir sistemáticamente sus salarios.
Entonces, la crisis económica del Perú, aunque parezca ilógico, nos guste o no, es la crisis del exceso de poder concentrado en grupos económicos nacionales y extranjeros. Ellos determinan el curso de la economía nacional, y tienen, por tanto, una poderosa influencia en la política y eso lo sabe el presidente del Perú, pero sobre todo los banqueros nacionales sumisos a los poderes de la Banca Mundial. Los grupos económicos legales, clandestinos e ilegales son quienes determinan y gobiernan el Perú. Ellos toman decisiones y mantienen el curso de la economía, administran la crisis. Hay quienes ignoran ese mecanismo de poder determinante, y creen ingenuamente que, votando por determinado candidato a la presidencia, todo cambiará… ¡nada más ilusorio como falso!
Así entonces, es preciso tener en cuenta el poder político de las predominantes empresas o grupos económicos, que oficialmente han facturado hasta 30,100 mil millones de dólares en el año que termina. ¿Cuánta fortuna no ha sido declarada y enviada hacia los paraísos fiscales para evadir impuestos? ¿Cuánto capital posee y mueve el narcotráfico, la minería informal, el contrabando en todas sus modalidades, el negocio de armas y nuevas iglesias protegidas por el sistema? Además, hay venta de órganos humanos, prostitución, tráfico de piezas arqueológicas, etc. Nadie sabe nada pero deja mucho rédito, es el origen de las nuevas fortunas de clanes y familias, que antes no tenían nada y ahora poseen tanto que ni ellas mismas saben a cuánto asciende su fortuna.
¿Cuánto adeudan en impuestos al Estado las transnacionales? ¿Cuánto le deben al Estado los grupos de comunicaciones que administran la televisión, radio y medios impresos? Están acostumbrados a pagar con espacios publicitarios para consumo de entidades estatales. Si los cobradores del Estado insisten, entonces orquestan un sistemático trabajo de desgaste, de persistente crítica a cargo de sus “periodistas”, “críticos” y “analistas”, hasta que la situación "se normalice". Los dueños de los medios saben que el Estado (cualquiera sea el gobierno) es el mejor cliente. Saben que el 60% del presupuesto que manejan depende de la publicidad que obtienen a través de agencias particulares o propias. Nunca se sabe cuántos millones de dólares invierte cada ministerio solo en publicidad, en un gasto sin retorno. Así, el Estado mantiene a los grandes diarios que a su vez editan periódicos chicha de gran tiraje para embrutecer, mal informar y mantener a la gran mayoría de ciudadanos siempre ignorantes de lo que realmente sucede en el Perú.
El poder de las empresas equivale al 15% de PIB. El grupo económico Romero en 2014 ganó 5,500 millones de dólares. El grupo Brescia 5,000 millones; Buenaventura 4,300; Intercop 4,300 millones, Gloria 2,800 millones de dólares. Graña y Montero ha invertido en Colombia y Chile; Ajegroup, de la familia Añaños, está en proceso de reinversión; Ferreycorp afronta una evidente depresión de precios de minerales; San Fernando se ha reintegrado al negocio avícola; Unacem maneja los negocios del cemento y ahora se mueve en el mercado de Ecuador.
Ninguna empresa ha dejado de ganar y, sin duda, ha acrecentado sus capitales. Lo que no se dice es el poder que tienen en los medios de comunicación, en referencia a lo que el pueblo peruano debe saber o no, de acuerdo a sus intereses. Hay varias maneras de formar y controlar la opinión que les convenga: financiar seminarios de capacitación para determinados periodistas, pagar asesorías reales y ficticias a líderes de opinión, editorialistas y colaboradores. Publicar avisos millonarios en los medios con evidente influencia, editar suplementos de información (desinformación). Informar para desinformar, construir una imagen falsa. Pero el 70% de los lectores no creen en lo que dicen .los grandes medios de comunicación..
Sin embargo, el poder político que tienen los grupos económicos adscritos al neoliberalismo no podrían haber crecido sin el entreguismo del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, la claudicación de Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala Tasso. La privatización de muchas empresas estatales benefició solo a transnacionales y no, como se dijo, a la gran mayoría de peruanos. El modelo impuesto ha copado la administración pública de acuerdo a los intereses de los grupos de poder. Hay operadores en los ministerios que se ocupan de planificar cómo conseguir una mayor cantidad de préstamos para determinada actividad improductiva. Han convertido al Estado en un campo de negocios para proteger inversiones sin interesarles la función social que deben cumplir. La palabra técnica es “desregular”, que es liberar, desreglamentar, descontrolar; es una acción perversa, una determinación por la cual el gobierno peruano reduce, renuncia a la regularización referente a la marcha de la economía. Este hecho se traduce en la reducción del control y renuncia a las limitaciones financiaras.
Mientras los grupos económicos se enriquecen y manejan la economía, designan a los ministros. Los trabajadores estatales, particulares, eventuales y asalariados desde hace veinticinco años ganan menos. Es verdad que la crisis es la crisis del liberalismo económico, pero quien soporta el peso y sufre es el pueblo peruano. Los más afectados son los jóvenes que empiezan a trabajar con salarios miserables, sin vacaciones ni beneficios sociales. Nada de sindicatos ni derechos de trabajadores, menos huelgas ni pliegos de reclamos. ¿Qué gobierno se acuerda de los trabajadores cesantes y jubilados? ¿Cómo pueden subsistir con un pago miserable de mil soles? Dependen de la ayuda de sus hijos, si los tienen. Ningún gobierno aumentará sus pensiones, se morirán sin ver mejoras en su condición de condenados al hambre y la miseria. Ser anciano o anciana jubilada en el Perú es un grave delito y el Estado es el peor enemigo.
Sin embargo, la historia social de los pueblos que luchan por la reconquista de sus derechos no puede ser desregulada, desarticulada, menos desideologizada. Los movimientos sociales en el Perú son reprimidos y judicializados. Las fuerzas represivas matan a mansalva a ciudadanos que reclaman sus derechos. Pero no podrán detener la historia de las luchas sociales y el curso dialéctico de la historia, menos la marcha de los pobres para recuperar la dignidad humana, el derecho a vivir sin temor a la represión ni al poder de grupos económicos que se han dedicado al sistemático saqueo del Perú.
José Luis Ayala
http://elcholoayala.blogspot.com/
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