En enero de 2017 el entonces presidente Kuczynski, en ejercicio de su función de lobbista, esta vez en beneficio del enemigo, promulgó el decreto supremo 001-2017-RE emitido con la finalidad de permitir a Chile la compra de tierra peruana en la zona que el artículo 71.o de la Constitución protege1.
Para perpetrar esa traición, el entonces presidente contó con la complicidad de personal diplomático corrupto y capituladores que redactaron un informe según el cual se podía proceder a la entrega porque en esa zona no se efectuaban maniobras militares2. El apoyo político vino de los corruptos y traidores congresistas, que con la excepción de 3 o 4 integrantes, no expresaron la menor crítica a la traición de Kuczynski, cerraron filas en apoyo al mencionado decreto.
Que sepamos, el vicepresidente Martín Vizcarra también guardó sospechoso silencio. Una primera explicación sería que él formaba parte de un gobierno oficialmente prochileno3, con un presidente asociado a un chileno para hacer negocios con el estado peruano estando en una situación de conflicto de intereses.
En realidad, la explicación va más allá del ya cumplido requisito de ser prochileno. Lo que pasa es que a Martín Vizcarra le parecen tan buenas las jugadas de robo territorial que perpetra Chile (especialmente la del decreto supremo 001-2017-RE, pese a que no surtió efecto), que él mismo las ha aplicado en el Perú.
Según informa el semanario Hildebrandt en sus trece en su edición del 6 de abril del presente año, en el artículo “El pueblo que odia a Vizcarra”, los pobladores del distrito puneño de Ácora denuncian una maniobra que como gobernador regional realizó Martín Vizcarra para despojar a Ácora de una parte de su territorio4. Señalan que el año 1989 Vizcarra, que estaba a cargo de la irrigación Pasto Grande, persuadió a ocho familias de Ácora para que vendieran sus tierras (un total de 5145 hectáreas), las que servirían para el proyecto de irrigación.
Destaca Hildebrandt en sus trece las declaraciones del antropólogo e ingeniero ambiental Honorio Checalla: “Sin embargo, la afrenta más grande a los acoreños se produjo cuando desde el gobierno regional de Moquegua se habría pretendido anexar a su territorio las cinco mil hectáreas adquiridas a los agricultores puneños. ‘Eso se originó en 2003 cuando Vizcarra se presentó en el Congreso para dar algunas explicaciones sobre el proyecto Pasto Grande y comenzó a decir que los terrenos le pertenecían a Moquegua y no a Puno’, dice Checalla”.
Por su parte, el funcionario municipal acoreño Jaime Ccaylahuili Huanca declaró al semanario limeño: “Vizcarra es peor que Alberto Fujimori cuando se trata de no respetar al Congreso […] porque, pese a que los límites entre Puno y Moquegua están registrados en resoluciones legislativas de hace 60 años, él ha ignorado los documentos y ha preferido alargar el tema llevándolo a juicio”.
Trasladando la situación Chile-Perú a la disputa Puno-Moquegua, en la actuación de Vizcarra vemos perfectamente retratado el modus operandi de Chile: a) compra terrenos o se mete y alega que son de su soberanía; b) se niega a reconocer los límites establecidos en leyes y tratados.
Los acoreños mantienen su lucha para que se reconozca que las tierras vendidas están dentro de los límites oficialmente establecidos para Ácora. Hay más en esta oscura operación. Víctor Huarcaya Flores, dirigente de la Central de Barrios de Ácora, declaró ante Hildebrandt en sus trece: “No queremos que este señor siga de presidente, queremos nuevas elecciones. Ha ofrecido mil cosas a nuestra población de la frontera [Puno-Moquegua] y no ha cumplido nada. Lo único que ha hecho es beneficiar a las empresas mineras que están muy interesadas en usar el agua de esa zona. Una de ellas es la empresa Anglo American, responsable del proyecto Quellaveco, empresa con la que él ha trabajado muy de cerca”.
El daño de las mineras se concretó en las tierras compradas. Según denuncia ante Hildebrandt en sus trece el antropólogo e ingeniero ambiental Honorio Checalla: “en 2000, cuando las tierras ya habían sido compradas, las autoridades moqueguanas permitieron que la minera Aruntani SAC comenzara a operar y a botar sus relaves cerca de Pasto Grande. Este problema originó un éxodo humano en búsqueda de agua salubre y que la población de 50 mil alpacas comience a ser mermada”.
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Evitar problemas Es urgente que el Congreso legisle con el fin de evitar que Chile siga apoderándose de tierras agrícolas peruanas, para lo cual se debe declarar que estas tierras son patrimonio nacional estratégico de propiedad y uso exclusivo de ciudadanos y empresas de capitales netamente peruanos. No puede ser que los proyectos de irrigación habiliten tierras para beneficiar a Chile, como sucede en la Irrigación Olmos y en otras, donde es urgente recuperar los terrenos e indemnizar con el dinero y bienes del presidente de turno, ministros y demás rateros que se prestaron a este despojo. Y dentro del país, establecer una norma para que la venta de terrenos en zonas de colindancia distrital o provincial se haga con el visto bueno de las autoridades distritales y provinciales bajo cuya jurisdicción está la tierra que se quiere vender. |
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1 Leer Decreto Supremo hecho a la medida de Chile para que diluya franja de 50 km que excluye a extranjeros
2 Por supuesto que este falso argumento no está en la Constitución.
3 El requisito para gobernar el Perú es haber obtenido luz verde de Chile y sus agentes peruanos. Leer Cómo Chile controla la política peruana y a los políticos peruanos
4 Ácora colinda con la provincia moqueguana de Mariscal Nieto, donde está el área beneficiada de la irrigación Pasto Grande.
